Detuvieron en Trevelin a un ex guerrillero argentino de las FARC buscado por el brutal secuestro en Colombia

Durante la jornada de este domingo, personal de la Unidad Operativa Esquel de la Policía Federal Argentina, en conjunto con el Departamento Interpol de la misma fuerza, realizó un procedimiento en la localidad de Trevelin, en el que detuvieron Facundo Morales Schoenfeld, un ciudadano argentino que habría sido integrante activo de las FARC (Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia) quien, según indica el informe policial, registraba un pedido de captura internacional a solicitud de Autoridades Judiciales Colombianas entre otros delitos, por secuestro extorsivo.

La circular roja de Interpol que ordenaba su captura, fue a solicitud de la Justicia Penal de la República de Colombia, ya que está acusado, entre otros delitos, del secuestro extorsivo de un concejal colombiano. Además, se lo acusa de fabricación, tráfico y uso de armas.

En horas de la tarde del domingo, Facundo Molares, fue trasladado a la sede de la DUOF Esquel de la Policía Federal Argentina para realizar tareas procesales de rigor dispuestas por el Juzgado Federal de Esquel, a cargo del Dr. Guido Otranto, Secretaria de la Dra. María de las Mercedes López Flamengo. En las próximas horas será extraditado a Colombia.

La información señala que Morales Schoenfeld “está acusado de actividades ilegales por ser miembro activo de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) , y más precisamente del secuestro de Armando Acuña (Concejal del Municipio de Garzón Huita), quien fue mantenido cautivo durante 20 meses, además, en ese mismo hecho fueron asesinadas varias personas entre ellos personal civil y militar “.

La persona detenida ayer, es fotoperiodista, argentino, de 46 años, con domicilio registrado en Trevelin, provincia de Chubut y fue identificado en noviembre de 2019 por la Policía boliviana en Santa Cruz de la Sierra, en la localidad de Montero, tras ser herido de bala.

Allí, quedó bajo arresto, internado en medio de una fuerte crisis de salud, con reclamos realizados desde Argentina para su bienestar y la revisión de su caso para que sea repatriado. Su estado era delicado: había contraído COVID, presentaba una falla renal.

Molares Schoenfeld había viajado en 2018 a Santa Cruz de la Sierra, procedente de Colombia, para cubrir las elecciones bolivianas para la revista digital Centenario. Pero las sospechas eran graves. Según las autoridades bolivianas, Molares Schoenfeld había sido un supuesto miembro de la organización armada FARC en Colombia y había llegado a Bolivia para actuar como “instructor”, con el alias de “Camilo El Argentino”.

Evo Morales mismo pidió que Molares sea repatriado a la Argentina: fue un tema a tratar en la agenda de la reunión bilateral entre Alberto Fernández y el presidente Luis Arce. En noviembre de 2020, gracias a una gestión también por el canciller Felipe Solá, Bolivia revisó su caso bajo el argumento de que recibió tratos crueles y degradantes durante su detención bajo el gobierno de Jeanine Áñez. “En relación con la causa de Facundo Molares Schoenfeld, detenido en el Estado Plurinacional de Bolivia, la Cancillería argentina, a través del Consulado General de nuestro país en Santa Cruz de la Sierra, presentó una nota oficial al Juzgado interviniente, con copia a instancias superiores, marcando la urgencia de considerar la cesación de la prisión preventiva a la que se encuentra sometido el ciudadano argentino”, afirmó Cancillería en un comunicado de octubre de 2020.

Con el tiempo, Molares regresó al país para asentarse de vuelta en Trevelin. En los últimos meses, varios medios bolivianos aseguraban que el argentino seguía en Bolivia, aunque había vuelto a la Argentina de manera legal. Hoy domingo por la tarde, la división Interpol de la Policía Federal lo arrestó en la localidad chubutense: Colombia había puesto una circular roja sobre su cabeza.

El delito por el que se lo busca está relacionado, precisamente, a las FARC y a uno de los secuestros más agónicos de su historia: el del concejal Armando Acuña, cometido el 25 de marzo de 2009 en el municipio de Garzón.

El pedido emitido el 13 de octubre último por las autoridades colombianas desde la Fiscalía 162 Especializada DECOD Florencia incluye las calificaciones de secuestro extorsivo agravado, fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso restringido, uso privativo de fuerzas armadas y uso ilegal de uniformes e insignias.