El Juzgado Federal de Esquel procesó a 9 personas por el ataque al presidente en Lago Puelo

Este jueves, el Juez Federal Guido Otranto dispuso procesar a nueve personas por el delito de daño agravado por ser ejecutado sobre un bien de uso público y por estorbar a un funcionario público en el cumplimiento de actos propios de sus funciones. En la misma causa, se ordenó el sobreseimiento de cuatro personas que estaban imputadas por el hecho sin que se determine responsabilidad en el mismo. Además, se trabaron embargos hasta alcanzar la suma de $500 mil en un caso y $80 mil en otro y se dispuso la prohibición para salir del país.

En marzo pasado, el presidente Alberto Fernández visitó Chubut para recorrer las zonas afectadas por un voraz incendio forestal. Cuando la comitiva oficial se retiraba de un centro cultural en Lago Puelo, la camioneta que trasladaba al jefe del Estado y a sus acompañantes fue atacada a golpes y a pedradas por un grupo de manifestantes. Casi tres meses después de los hechos, el juez federal de Esquel, Guido Otranto, procesó a nueve personas por los delitos de daño agravado por ser ejecutado sobre un bien de uso público y estorbar a un funcionario público en el cumplimiento de actos propios de sus funciones.

Entre las personas procesadas hay un menor de edad. “Es necesario distinguir la actividad realizada por estas personas de la actitud que tuvieron otras que también se reunieron alrededor de la camioneta, pero se limitaron a manifestar su repudio a la presencia de los funcionarios públicos a través de gritos, cantos e incluso insultos o golpeando con sus manos el vehículo con una intensidad leve, sin intención de provocar daño”, sostuvo el magistrado en su resolución.

El juez Otranto explicó que “expresiones que se emiten de manera acalorada, como en general sucede cuando se encuentran en debate asuntos de elevado interés público, pero no contienen ningún ingrediente de violencia física contra las cosas o las personas, son características de las manifestaciones de protesta pacífica que se realizan en la vía pública bajo la protección constitucional de los derechos a reunirse y peticionar a las autoridades” pero que “la actitud que tomaron las personas que expresaron su repudio a la visita oficial entorpeciendo la actividad que habían venido a cumplir los funcionarios públicos y/o incurriendo en hechos de violencia como los mencionados al inicio no merecen protección constitucional”.

En la resolución, se explicó que los trabajos de reparación de la camioneta Mercedes Benz Sprinter, que pertenece a una flota de Administración de Parques Nacionales (APN), tuvieron un costo de $424.600. A raíz del ataque, según el expediente judicial, la comitiva presidencial no pudo continuar con las actividades previstas para ese 13 de marzo.

“Al retirarse del centro cultural, [los funcionarios] abordaron una camioneta de la APN. En esos instantes fueron increpados por muchas personas que se habían congregado en el lugar. Cuando la camioneta estaba dispuesta a emprender la marcha, algunos manifestantes se colocaron delante del vehículo para impedir su avance. Otros, desde los laterales, comenzaron a golpear el vehículo con puños y patadas. En el momento en que la camioneta inició su marcha recibió piedrazos lanzados por algunas de las personas que se habían agolpado alrededor”, recordó el juez Otranto en la resolución.

Los manifestantes se juntaron para protestar por un proyecto minero. “Ni sangre, ni hambre, ni veneno en los territorios” y “Somos bosque nativo”, fueron algunas de las consignas de las personas que se movilizaron el sábado 13 de marzo pasado.

La investigación comenzó como consecuencia de un acta labrada por persona de la División Unidad Operativa Federal Esquel de la Policía Federal Argentina (PFA). Los atacantes fueron individualizados e identificados a partir del análisis de las filmaciones de las cámaras de seguridad.

Siete de las personas investigadas, una de ellas menor de edad, fueron procesadas sin prisión preventiva por el delito daño agravado por ser ejecutado sobre un bien de uso público; una octava, por estorbar a un funcionario público en el cumplimiento de actos propios de sus funciones, y la restante, por ambos delitos.

Otranto fijó embargos de entre 80.000 y 500.000 pesos y les prohibió a los ahora procesados salir del país sin autorización judicial.

Tras los hechos de violencia, el Presidente se había expresado en redes sociales y había resaltado que “la violencia de unos pocos” no acompañaba “la vocación” del Gobierno de trabajar frente a una emergencia como la de la Patagonia.