La Corte Suprema intervino en el traspaso de tierras a una comunidad mapuche y le pidió el expediente al juzgado de Bariloche

La Corte Suprema de Justicia solicitó al Juzgado Federal de Bariloche la remisión del expediente que ordena la entrega del título de propiedad comunitaria de 180 hectáreas a una comunidad mapuche de la ciudad. El pedido se registró poco después de que el juez federal Gustavo Villanueva fuera intimado por la Cámara Federal a cumplir con la orden de impedir la transferencia de tierras a la comunidad originaria.

El procurador general de la Nación, Eduardo Casal, ya había acudido al máximo tribunal para solicitar que revisen la sentencia original de la jueza subrogante Silvina Domínguez, quien ordenó al Ejecutivo Nacional la transferencia a título gratuito de las tierras al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) para su posterior adjudicación a la comunidad mapuche Millalonco Ranquehue.

Casal, en su presentación, solicitó revisar también la sentencia de la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca que, en su dictamen, consideró extemporánea la apelación presentada por el Ministerio Público Fiscal contra ese fallo.

El procurador, en ese entonces, planteó que se debe suspender la ejecución de la sentencia impugnada “por las graves afectaciones de la legalidad, del debido proceso legal y de los intereses generales de la sociedad que se encuentran comprometidos, toda vez que el avance hacia el cumplimiento de la decisión profundizará aún más los perjuicios señalados”.

En función de esa presentación, la Corte Suprema solicitó ahora la remisión del expediente completo para su análisis.

El apuro surgió luego de que el presidente de la Sala I de la Cámara Federal, Mariano Llorens, intimara al juez federal subrogante de Bariloche Gustavo Villanueva a cumplir con una orden previa e impedir la transferencia de esas tierras a la comunidad mapuche, tal como había ordenado la Justicia.

En tierras patagónicas, observan de lejos el entrevero judicial. En el entorno de la comunidad Millalonco Ranquehue buscan restarle dramatismo a la disputa y excusan al magistrado: “Nunca dispuso entregar las tierras sino otorgar el título de propiedad comunitaria a la comunidad. Es un papel que dice que el lugar donde viven desde hace 120 años es de ellos. Eso les daría seguridad jurídica”.

La resolución que originó la jueza Domínguez fue blanco de múltiples críticas en la sociedad barilochense. Existe, a su vez, un contrapunto con la versión del Ejército de que esas tierras son escenario habitual de ejercicios militares. “No hay registros ni documentos que permitan demostrar la presencia de la institución castrense en las tierras que se disputan, más allá de que esas hectáreas figuren a nombre de la institución”, aseguran fuentes vinculadas al municipio de Bariloche.

Poco después de esa medida, cientos de barilochenses se congregaron frente a las instalaciones de la Escuela Militar de Montaña para repudiar la decisión de Domínguez y rechazar también el avance de la comunidad mapuche sobre “tierras que son públicas, de todos los argentinos”.

En principio, la comunidad involucrada en la disputa no cuenta con antecedentes de conflictividad e incluso registra una suerte de aceptación en la comunidad. Sin embargo, la entrega de tierras fiscales “generaría un antecedente negativo ante otros reclamos que mantienen comunidades originarias sobre tierras estatales”, indicaron en la ciudad.

El predio asignado por la Justicia Federal a los mapuches es de 180 hectáreas y está en el faldeo suroeste del cerro Otto, a 12 kilómetros del centro de la ciudad camino al cerro Catedral y a la margen norte del lago Gutiérrez.

Conocida como Virgen de las Nieves, es una zona verde de hermosos bosques nativos —en especial cipreses— y arbustos, atravesada por el arroyo Gutiérrez y con numerosos senderos, un lugar muy frecuentado para esparcimiento y deportes por vecinos y turistas.

La comunidad Millalonco Ranquehue —que afirma estar en el lugar hace más de 100 años, aún antes de la llegada del cuartel militar— tramitó el relevamiento de la ley 26.160 en forma pacífica, del mismo modo que concurrió a tribunales en cada intento de desalojo, y de esta forma logró el título que le deberán entregar.

Fuente: Infobae.