La Justicia ordenó el desalojo de la ocupación de tierras en el Mirador del Azul

La Cámara Federal de Apelaciones de General Roca revocó el fallo del juez subrogante de Bariloche, Gustavo Zapata, quien había rechazado el desalojo de un predio fiscal ubicado en el Mirador del Azul en El Bolsón, perteneciente al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), y dispuso la restitución de las tierras a ese organismo.

En septiembre pasado, el juez federal subrogante de Bariloche, Gustavo Zapata, rechazó el desalojo del predio y dispuso un relevamiento de los ocupantes, a quienes tanto la provincia como el municipio de El Bolsón debía brindarle soluciones habitacionales en un plazo de 15 días, medida que recibió duros cuestionamientos de parte de ambos gobiernos.

Los jueces Mariano Lozano y Richar Fernando Gallego revocaron el fallo del magistrado interino y dispusieron “la restitución al INTA de las parcelas” ocupadas.

La ocupación de tierras se realizó en dos etapas. En la primera de ellas cerca de 30 familias se instalaron en un espacio que el organismo cedió a un club deportivo denominado El Refugio. En la segunda 130 familias más se instalaron en un espacio de 60 hectáreas, perteneciente al mismo organismo, ubicada en la Subida de Greda, en el camino de acceso a dos puntos turísticos trascendentes para la ciudad cordillerana como son Cabeza del Indio y Mirador del Azul.

La fiscal federal de Bariloche, Sylvia Little, había solicitado el desalojo del lugar a partir de la denuncia que presentó el organismo nacional, aunque el magistrado no dio crédito a su planteo y rechazó la medida.

En ese momento, la decisión de Little fue bienvenida por las autoridades locales y provinciales, quienes creyeron que su decisión pondría punto final a la ocupación. Sin embargo, el dictamen de Zapata había descartado el desalojo.

En su fallo, Little sostuvo que “no existen dudas aquí de que estamos en presencia de un delito, puntualmente, del tipo penal previsto por el art. 181, inc. 1° del CP (Código Penal), puesto que aquellas 133 familias ingresaron clandestinamente a los predios de propiedad del INTA y se instalaron allí, reclamando como propias las porciones de terreno que, cada quién, unilateralmente demarcó para sí”.

“Negar una asistencia habitacional adecuada a las personas que componen el grupo de 133 familias que ilegítimamente se asentaran en dicha reserva no es sino omitir dar una solución real e integral al problema”, sostuvo la representante del Ministerio Público Fiscal.

En el fallo que revocaron Lozano y Gallego, el juez subrogante había solicitado que las secretarías de Desarrollo Social y de Tierras de la Municipalidad de El Bolsón, el Ministerio de Desarrollo Humano y Articulación Solidaria de la Provincia de Río Negro y el Ministerio de Desarrollo Social dela Nación intervengan a fin de dar alojamiento a las personas que habrán de ser desalojadas.

Esa decisión recibió numerosas críticas, incluso de la gobernadora de Río Negro Arabela Carreras, quien aseguró que el magistrado “emitió el dictamen sentado desde su escritorio, sin tener noción de la situación actual”.

Desde septiembre, cuando el juez rechazó el desalojo, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) mantiene una custodia del lugar para evitar que nuevas familias se sumen a la usurpación. En caso de que los ocupantes no se retiren de forma voluntaria, será indispensable el uso de la fuerza para restituir el predio al INTA, de acuerdo a lo que figura en el articulado del fallo.