Postergaron hasta febrero el desalojo de la ocupación de tierras en el Mirador del Azul

El juez federal subrogante, Gustavo Zapata, aceptó la petición del intendente de El Bolsón, Bruno Pogliano, y postergó para el 24 de febrero la orden de desalojo que había emitido para expulsar a unas 130 familias que se instalaron en la reserva forestal perteneciente al INTA de El Bolsón.

En una escueta resolución notificada por el juez federal subrogante de Bariloche, Zapata apuntó: “En atención a lo solicitado y resultando atendibles los motivos expuestos por Bruno Pogliano en su carácter de intendente de la localidad de El Bolsón y en el entendimiento de estar a la búsqueda de una solución alternativa al mero uso de la fuerza pública –tal como lo indicara la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca al resolver sobre la cuestión que aquí nos ocupa- es que haré lugar al pedido de prórroga efectuado por el mentado municipio, fijando –en el entendimiento de que resulta excesivo el plazo de 90 días sugerido en el escrito a despacho- nueva fecha para dar cumplimiento con el allanamiento dispuesto, para el día 24 de febrero del año 2021 con idéntica finalidad y efectos”.

En concreto, Pogliano había presentado un escrito ante el Juzgado Federal de Bariloche, indicando que las áreas con mayor protagonismo en el asunto se encontraban al límite de su capacidad, porque a la carga natural de trabajo propia de las difíciles circunstancias que se atraviesan en torno a la pandemia del COVID-19, se sumaron varios casos positivos de coronavirus entre los empleados municipales, reduciendo al mínimo la dotación de recursos humanos.

Además, Pogliano apuntó que, en un legajo judicial que tramita ante la Justicia de Río Negro, el juez Juan Pablo Laurence decretó una prórroga de 90 días para buscar una salida alternativa ante otra ocupación que se da en la localidad, en la zona del Mirador del Azul, y además se tramita otra causa bajo la figura de amparo colectivo en la que se ordenó un relevamiento sociambiental de los involucrados en la ocupación.

Pogliano aseveró en su escrito: “En ese contexto sanitario y de sobrecarga laboral de áreas disminuidas en su dotación de personal, no resulta posible la efectiva implementación de las herramientas de persuasión y diálogo para evitar el uso de la fuerza en la restitución de los predios”.

El conflicto en cuestión se da en torno a los predios identificados como NC 20-1-F-043-01 y 20-1-F- 003-01, pertenecientes al INTA y ubicados en la localidad de El Bolsón, donde tiene su asiento la Reserva Forestal de Loma del Medio, que fueron paulatinamente ocupados por un centenar de familias.

Justamente, Zapata había rechazado inicialmente ordenar el desalojo, pero en instancia de apelación la Cámara resolvió la restitución del predio ocupado por centenares de vecinos al organismo de tecnología agropecuaria y mandó al juez a establecer las condiciones para ejecutarla.

Así, Zapata le puso fecha y emitió diversas resoluciones y comunicaciones en las que ordenó que se desarrolle el desalojo, autorizando a “allanar las construcciones -aun precarias- que pudieran hallarse en el lugar, y requisar los vehículos y personas que estuvieran allí, con el objeto de proceder al secuestro de elementos constitutivos de los ilícitos investigados y que permitan dilucidar la responsabilidad que podría caberle a cada sujeto -entre ellos herramientas, celulares, anotaciones, inscripciones, etcétera”.

En el mismo sentido, ordenó la identificación de las personas que estén ocupando el predio, notificándoles que están imputadas por el delito de usurpación y de su obligación de designar defensor.

Facultó a las fuerzas que intervengan a detener “a las personas que intenten impedir el cumplimiento de la medida dispuesta” y encomendó al Ministerio de Seguridad la designación de una fuerza “con capacidad operativa suficiente para hacer un uso mínimo y racional de la fuerza pública”.

En esa misma línea, estableció que deberán extremarse “las medidas para resguardar la vida e integridad física de las personas, especialmente de aquellas que -eventualmente- intenten impedir la realización de la diligencia”, minimizando al máximo posible el uso de la fuerza y ajustando el uso de armamento a las reglamentaciones vigentes, de acuerdo a “principios de proporcionalidad, gradualidad, legalidad y oportunidad”.

Para concretar el desalojo, Zapata requirió la presencia de asistencia médica y ambulancias, “en caso de que alguien resulte herido” y mandó a destruir las casillas precarias que los ocupantes del predio instalaron en el lugar.

Fuente: El Cordillerano.