La Justicia de El Bolsón negó la solicitud de un hombre, un agente policial, que argumentaba estar en una crítica situación económica. La jueza consideró que no probó haber hecho el máximo esfuerzo para incrementar sus recursos y sostuvo que la conformación de una nueva familia no justifica la reducción de la obligación alimentaria.
En un fallo reciente, la jueza de El Bolsón rechazó la petición de un hombre que solicitaba la reducción de la cuota alimentaria destinada a uno de sus hijos. El demandante, empleado de la Policía de Río Negro, alegó que su actual situación económica no le permite mantener el 20 por ciento de su salario que fue fijado como cuota, ya que además sostiene obligaciones alimentarias para otros dos hijos y convive con un cuarto niño junto a su actual pareja.
Según explicó, no cuenta con vivienda propia y reside en la casa de sus suegros. Agregó que su pareja no trabaja, que el vehículo que utiliza es prestado y que, debido a sus horarios laborales y al cuidado del hijo menor, no puede realizar tareas adicionales para incrementar sus ingresos. Indicó también que más del 60 por ciento de sus haberes se destina al cumplimiento de sus obligaciones alimentarias.
Sin embargo, la jueza desestimó sus argumentos por considerar que no estaban respaldados por pruebas que acreditaran una imposibilidad material de aumentar sus ingresos. En el fallo, sostuvo que “no se ha demostrado razón física o psicológica que le impida aumentar sus ingresos para poder asegurar el bienestar de todos sus hijos sin detrimento para ninguno de ellos”.
La resolución judicial subrayó que el hombre no aportó documentación que permitiera verificar con claridad su jornada laboral ni posibles esfuerzos extra para mejorar su situación económica. “No se acredita ni las horas que dedica a su trabajo, si hace o no horas extras, o si tiene algún otro ingreso que permita convencerme de que está realizando su máximo esfuerzo para sostener a los hijos que tiene”, señaló la magistrada.
El planteo del hombre se centraba en modificar la cuota establecida por un convenio homologado cuando el niño tenía seis años. Actualmente, el hijo cursa el primer año de la escuela secundaria, practica fútbol y participa en otras actividades extracurriculares. Según la madre, los gastos mensuales superan los 450 mil pesos, y aunque el menor cuenta con obra social, no siempre puede acceder a las prestaciones por la negativa del padre a compartir las claves necesarias para realizar gestiones administrativas.
La jueza valoró también los informes de los peritos oficiales y del Cuerpo de Investigación Forense. En esos documentos se describió que el hombre formó una nueva familia, que el hogar cubre las necesidades básicas aunque no dispone de capacidad de ahorro, y que el 55 por ciento de su salario se encuentra comprometido por sus obligaciones alimentarias. No obstante, se remarcó que el cuidado de sus hijos anteriores quedó en manos exclusivas de las madres, y que su colaboración se limita casi exclusivamente al aporte económico.
Finalmente, la jueza descartó que la formación de una nueva familia justifique una reducción de la cuota alimentaria. “Esa decisión personal y libre de formar un nuevo grupo familiar y la existencia de un nuevo hijo lo obliga a realizar mayores esfuerzos para generar más recursos”, indicó, y concluyó que el progenitor “debe redoblar los esfuerzos para cubrir la asistencia, alimentación y educación” del hijo con quien no convive.
La sentencia ratificó la cuota alimentaria original, considerando que las condiciones que motivaron su fijación no solo se mantienen, sino que se agravaron por el crecimiento y las necesidades actuales del niño.
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