Analía Romero, es una vecina de El Bolsón y madre de dos hijas, actualmente se encuentra viviendo una situación límite: enfrenta un juicio de desalojo pese a tener contrato vigente y aun cuando su único ingreso en una pensión por invalidez, siempre cumplió en tiempo y forma con los pagos del alquiler. Pese a ser ciega busca desesperadamente un trabajo que le permita vivir dignamente, pero las respuestas lamentablemente aun no llegan.
Analía Romero es una figura conocida en El Bolsón. No solo por su condición de persona ciega que lucha cada día por su autonomía, sino por su compromiso social, cultural y educativo, desde hace más de dos décadas. Ha dictado talleres, dio capacitaciones, participó en espacios radiales, formó parte de actividades del Instituto de Formación Docente… sin embargo, hoy vive una de las situaciones más duras que le tocó enfrentar: podría ser desalojada de la casa que alquila desde hace 17 años, junto a sus hijas, una de ellas menor de edad.
La historia salió a la luz en el programa radial “Qué Mañana” que se emite por la 105.5, Radio de la Cordillera. Allí, con voz serena pero visiblemente afectada, Analía relató los detalles de la situación que atraviesa y que la tiene “en vilo” todos los días:
“Esta casa la alquilé en su momento a una mujer que falleció. Ella me la alquiló directamente, jamás hubo conflictos. Desde Buenos Aires aparecieron ahora unos sobrinos, que dicen ser herederos, aunque nunca presentaron documentación. Primero dijeron que seguirían alquilándomela porque la pondrían en venta. Pero sin aviso, sin diálogo, me mandaron una carta documento y después me iniciaron un juicio de desalojo”.
Según explicó, el contrato de alquiler está vigente hasta febrero de 2026, pero el nuevo reclamo se apoya en que —al aumentarle el monto del alquiler a cifras que exceden su jubilación por discapacidad— ella “no podría pagarlo”, y eso sería causal de rescisión. “Es algo que armaron con total conocimiento de mis posibilidades económicas”, afirmó.
“Yo vivo de una jubilación. Estoy buscando trabajo formal desde hace mucho tiempo. Pero nada aparece, ni siquiera cumpliendo con el cupo laboral para personas con discapacidad. Hace un año reparto currículums por todos lados. Doy capacitaciones, talleres, participo en lo que puedo. Todo ad honorem. Lo hago porque creo en lo que hago, pero también porque quiero trabajar”.
A lo largo de los años, Analía no solo pagó el alquiler religiosamente, sino que mejoró la casa con sus propios recursos, algo que los vecinos y vecinas de la zona pueden dar fe. “Nunca me atrasé. Hice arreglos, pinté, puse lo que pude para mantenerla bien. Porque era nuestro hogar. Nunca imaginé estar en esta situación”.
A su angustia por el juicio se suma un aspecto que visibiliza la desigualdad estructural que viven muchas mujeres en su condición: la justicia —según señaló— es lenta cuando se trata de resolver la deuda de alimentos que el padre de sus hijas tiene hace un año, pero parece actuar con mayor celeridad en este caso de desalojo.
“Hace más de un año que espero que la justicia actúe para que el padre de mis hijas cumpla con su cuota. Pero no pasa nada. Y ahora esto, que avanza más rápido. No tiene sentido. No entiendo cómo funciona la justicia. Somos una mujer con discapacidad y dos hijas, y parece que eso no importa”.
Hoy, Analía se encuentra esperando los tiempos judiciales, acompañada de manera solidaria por la abogada Marcela Fragala, quien la asesoró en las instancias previas. Aún no hay fecha definida para el desalojo, pero sí una creciente preocupación por no saber dónde ir ni cómo pagar un nuevo alquiler, en un contexto de crisis habitacional creciente.
“No quiero lástima. No pido privilegios. Pido trabajo. Con un sueldo, podría afrontar cualquier alquiler. Pero con una jubilación es imposible. Los alquileres superan los 400 mil pesos. Y lo que gano apenas me alcanza para lo básico. ¿Qué hago? ¿A dónde vamos a ir con mis hijas?”, expresó al borde de las lágrimas.
Su testimonio movilizó a muchos oyentes y generó una ola de solidaridad inmediata en redes sociales, donde vecinos y vecinas comenzaron a compartir su historia y a pedir respuestas urgentes. Porque más allá del caso individual, Analía representa a cientos de personas con discapacidad que, pese a su compromiso, talento y esfuerzo, quedan relegadas, olvidadas y muchas veces excluidas del sistema laboral y de vivienda.
“Hay cupo laboral. Hay leyes. Pero no se cumplen. Estoy dispuesta a trabajar, a dar lo mejor de mí. Solo necesito una oportunidad. Y mientras tanto, que nos dejen vivir en paz”, concluyó.
Cabe aclarar que luego de esta entrevista Analía mantuvo una extensa reunión con Ariel Aillapán, a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social del Municipio de El Bolsón, quien manifestó la voluntad de poder encontrar algún tipo de opción laboral, pero por el momento son solo intenciones y se aguarda que puedan llegar a concretarse prontamente.
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