Los 15 convencionales juraron el 12 de noviembre y comenzaron a trabajar con un plazo de 60 días. La oposición impulsó una comisión investigadora por la conducta de Grau y pidió que la Convención defina cómo abordar su situación.
El conflicto por la asunción del convencional Adrián Marcelo Grau no modificó el cronograma de la reforma de la Carta Orgánica de Bariloche. Los 15 integrantes de la Convención Constituyente juraron el 12 de noviembre de 2026 y comenzaron sus actividades, con un plazo reglamentario de 60 días para desarrollar la tarea.
La Junta Electoral había rechazado los pedidos de la oposición y de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) para postergar la proclamación de los convencionales. De esta manera, la Convención pudo iniciar su funcionamiento según lo previsto.
La asunción de Grau estuvo atravesada por cuestionamientos vinculados con publicaciones en redes sociales que reivindicaban a Jorge Rafael Videla y a la última dictadura militar. Durante el acto, militantes de izquierda y organizaciones de derechos humanos lo abuchearon y el convencional respondió con gestos obscenos e insultos.
El episodio derivó en dos vías de investigación: una comisión investigadora impulsada por la oposición dentro del ámbito político y una denuncia penal presentada por la APDH por presunta apología del terrorismo de Estado.
El planteo de la oposición en la Convención
En el inicio de las actividades, el bloque Fuerza Bariloche presentó una cuestión de privilegio para que la propia Convención, como autoridad competente, determine cómo abordar la situación de Grau.
Desde ese espacio sostuvieron que el convencional “no cumple con una igualdad democrática mínima porque no cree en la memoria, la verdad y la justicia”. También recordaron que esos principios están mencionados en la ordenanza que convocó a la reforma y solicitaron que el planteo sea tratado de inmediato.
La presentación recibió el acompañamiento de convencionales de distintos bloques. El planteo busca que el cuerpo constituyente defina institucionalmente qué tratamiento darle a la situación de Grau, en medio de los cuestionamientos por sus publicaciones y su comportamiento durante la jura.
Por su parte, los representantes de La Libertad Avanza solicitaron conocer formalmente los motivos de la ausencia de Grau. Desde el bloque Estamos Haciendo Bariloche respondieron que la asistencia es una facultad de cada convencional y señalaron que, en este caso, evidentemente existía una decisión de no estar. No se expresaron los motivos de la ausencia.
La investigación política y la causa judicial
En paralelo, la oposición impulsó la creación de una comisión investigadora, que cuenta con mayoría opositora y tendrá a su cargo el análisis político de la conducta del convencional.
El intendente Walter Cortés defendió la continuidad de Grau y argumentó que apartarlo implicaría desconocer el voto popular. Además, atribuyó las publicaciones a un posible hackeo de la cuenta del convencional.
Por otra parte, la denuncia penal de la APDH continúa abierta y la investigación está a cargo del Ministerio Público Fiscal, que deberá determinar la autoría de los mensajes publicados en redes sociales y establecer si constituyen un delito.
Así, la reforma de la Carta Orgánica de Bariloche comenzó dentro del plazo previsto, pero con un conflicto político e institucional que tendrá tratamiento en la propia Convención y que también continúa bajo investigación judicial.
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