Organizaciones periodísticas denuncian un patrón de hostilidad hacia la prensa por parte del gobierno nacional y el Ministerio de Seguridad, liderado por Patricia Bullrich. Exigen su renuncia y la implementación de protocolos que garanticen el respeto a la labor periodística.
La libertad de prensa en Argentina atraviesa un momento alarmante. Según el Monitoreo de Libertad de Expresión de Foro de Periodistas Argentinos (FOPEA), en los últimos tres meses se ha registrado un promedio de un ataque a periodistas cada dos días y medio. Estas agresiones incluyen discursos estigmatizantes, violencia física y obstáculos al ejercicio del periodismo, con varias de ellas motivadas por discursos oficiales.
De los 178 casos de violencia registrados en 2024, casi la mitad ocurrieron en la provincia de Buenos Aires, y aproximadamente la mitad de estos últimos fueron promovidos por discursos del presidente o de sus ministros. Alicia Miller, integrante de FOPEA, aseguró: “Desde el gobierno nacional se baja una línea de mucha displicencia hacia el periodismo. Esto genera un efecto de autocensura que deberíamos evitar, porque el periodismo debe cumplir con su tarea de informar a la ciudadanía”.
Miller también señaló que este tipo de actitudes no son exclusivas de este gobierno: “Esto no es nuevo. Lamentablemente lo hemos vivido en otros gobiernos también, con represiones fuera del Congreso en movilizaciones y concentraciones”. Sin embargo, destacó que “las fuerzas de seguridad no pueden convertirse en parte del problema. Lo que pedimos desde FOPEA es un protocolo para las fuerzas, para que sean respetadas las tareas de los fotorreporteros y camarógrafos, porque justamente su tarea es estar en la primera línea”.
El caso de Pablo Grillo, reportero gráfico gravemente herido durante una represión, es un ejemplo concreto de los riesgos enfrentados. “Esta herida tremenda nunca debería haber sucedido si se cumplieran los requisitos de contención de la protesta”, denunció FOPEA, que exigió explicaciones sobre el operativo en el que resultó lesionado.
Las organizaciones periodísticas, entre ellas ARGRA y SiPreBA, han solicitado la renuncia de Patricia Bullrich como ministra de Seguridad, responsabilizándola por generar un ambiente de violencia institucional hacia los trabajadores de prensa. “Ni protestar ni hacer periodismo pueden poner en riesgo nuestra vida”, expresaron en un comunicado.
Miller concluyó subrayando el papel fundamental del periodismo en una república: “Quien acepta un cargo público tiene que respetar las reglas del juego. En un sistema republicano, el periodismo cumple una función clara: informar y controlar el poder. Eso debe ser respetado por quienes gobiernan”.
En medio de esta compleja situación, la comunidad periodística exige medidas urgentes que aseguren tanto la libertad de prensa como la seguridad de quienes ejercen esta profesión esencial para la democracia.
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