La ANMaC eliminó exigencias como la habilitación municipal y la reinscripción ante el organismo para pequeños comerciantes, talleres y fábricas artesanales, en el marco del plan de desregulación del Estado.
El Gobierno nacional oficializó la desregulación de varios requisitos que debían cumplir los comerciantes de armas y municiones, con el objetivo de simplificar su ingreso y permanencia en la actividad. La medida se formalizó mediante la Resolución 49/2025, publicada en el Boletín Oficial, y fue firmada por el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), Juan Pablo Allan.
La nueva normativa alcanza a usuarios comerciales distribuidores mayoristas, minoristas, talleres, fábricas de armas, municiones y repuestos. Entre los cambios dispuestos, se eliminó la obligatoriedad de contar con habilitación municipal y/o rehabilitación, así como la inscripción y/o reinscripción de instalaciones comerciales e industriales ante la ANMaC.
Según el texto oficial, la resolución beneficiará a pequeños comerciantes del rubro, incluidos quienes operan bajo la modalidad de trabajo artesanal, con una producción no mayor a 1.200 unidades por año. “El beneficio solo aplicará a las fábricas artesanales de armas”, se remarcó.
También fueron alcanzadas por la flexibilización las fábricas de materiales de usos especiales, fábricas de repuestos principales de armas, de municiones, de componentes de munición y de elementos de recarga de municiones.
Alcance ampliado y nuevas inclusiones
A la lista se sumaron los talleres de recarga comercial de municiones, talleres de reparación y armado de materiales de usos especiales –destinados a vehículos blindados–, plantas de destrucción de materiales especiales y depósitos de armas y/o municiones.
La ANMaC también extendió el beneficio a las entidades de tiro con instalaciones propias, quienes dejarán de necesitar habilitación municipal e inscripción ante el organismo. Estas modificaciones están en línea con los objetivos del plan de simplificación impulsado por el Ejecutivo.
Sin embargo, en el artículo 3° de la resolución se aclaró que los usuarios incluidos en la medida “deberán cumplir con los demás requisitos y condiciones de seguridad para la guarda y almacenamiento de materiales controlados conforme lo establece la normativa vigente”.
Asimismo, se precisó que la desregulación no exime a los comerciantes del cumplimiento de normas dictadas por otras jurisdicciones. “Contar con la inscripción y habilitación de ANMaC no significará que los comerciantes dejarán de cumplir con las normativas instaladas a nivel nacional, provincial y municipal”, indicaron.
Simplificación administrativa
Desde el organismo afirmaron que la medida se enmarca en “el desarrollo del plan de desregulación y simplificación del Estado, procediendo a una revisión integral de toda la normativa de la Administración Pública Nacional, con el fin de reducir la carga administrativa y burocrática tanto para el gobierno como para los ciudadanos”.
Uno de los fundamentos de la resolución apunta a la diversidad normativa existente en el país: “En todo el país existen dos mil municipios, que cuentan con normas locales propias y requisitos diversos”. En ese sentido, se consideró que “la pluralidad de reglamentos generaría una carga para los trámites administrativos que deben cumplir los usuarios”.
Por otra parte, la ANMaC dispuso habilitar a las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales a reutilizar las armas decomisadas en operativos vinculados a delitos. Estas armas, aunque deben ser registradas y entregadas a la agencia, podrán ser reasignadas por el Ministerio de Seguridad.
El nuevo procedimiento establece que las armas decomisadas permanecerán en depósito hasta que se determine su destino. Todo el proceso deberá ajustarse a lo establecido por el decreto de necesidad y urgencia (DNU) firmado por el presidente Javier Milei.
Armas decomisadas y lucha contra el crimen
La normativa también introdujo modificaciones sobre el destino final de las armas decomisadas. Una vez que exista una sentencia firme, la ANMaC será responsable de determinar el método de destrucción o reutilización de los materiales.
Según se aclaró, los materiales decomisados solo podrán ser utilizados por las Fuerzas Policiales o de Seguridad Federales. “La decisión responde a la necesidad de fortalecer la lucha contra el crimen organizado y optimizar el uso de recursos estatales”, sostuvieron desde el organismo.
Sé el primero en comentar