Una jueza federal de San Martín suspendió la medida por riesgo a la estabilidad laboral de los trabajadores.
La jueza en lo civil, comercial y contencioso administrativo federal de San Martín, Martina Forns, resolvió suspender el decreto 461/2024 dictado por el presidente Javier Milei, que disponía la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad. La decisión se da en el marco de una medida cautelar presentada por el gremio SEVINA, que representa a trabajadores viales de Casa Central de la provincia de Buenos Aires.
Forns ordenó al Ejecutivo abstenerse de ejecutar cualquier acto administrativo que derive del decreto, incluyendo reubicaciones, traslados, cesantías o supresiones de estructura vinculadas al organismo.
La medida tiene una vigencia inicial de seis meses y se sustenta en que la normativa presidencial pone en riesgo derechos laborales adquiridos. “No puede ignorarse que toda disposición que desnaturalice esas garantías constituye una afectación directa al principio de irrenunciabilidad de derechos”, afirmó la magistrada, en referencia al marco de estabilidad protegido por la Ley de Contrato de Trabajo.
Además, la jueza advirtió que el traslado del personal sin garantías ni estructuras definidas vulnera normas vigentes, y que las decisiones relativas al personal quedan “sometidas a la discrecionalidad de la Secretaría de Transformación del Estado”, lo que implicaría una violación a los convenios colectivos y al régimen estatutario del personal vial.
La resolución considera que existe verosimilitud en el derecho y peligro en la demora, elementos que justifican una medida de no innovar para proteger a los trabajadores ante un posible daño irreparable.
El Gobierno nacional aún puede apelar el fallo para que lo revise la Cámara Federal de San Martín. Mientras tanto, el decreto queda sin efecto, en lo que representa un importante revés judicial para el plan de reestructuración del Estado impulsado por la administración libertaria.
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