La investigadora del INTA y el CONICET fue sancionada mediante la Resolución 366, publicada el 26 de octubre. Organizaciones científicas y ambientales denunciaron la medida como un acto de censura y persecución, mientras que Aparicio anticipó que recurrirá la decisión ante la Justicia.
La investigadora Virginia Aparicio, vinculada al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y al CONICET, fue exonerada por el Consejo Directivo del organismo, una sanción que implica la desvinculación del empleo público nacional y que impide su posterior contratación por el Estado.
La decisión quedó formalizada mediante la Resolución 366, publicada el 26 de octubre de 2026, y puso fin a un sumario administrativo que se extendió durante casi tres años. La investigación interna se inició a partir de la participación de Aparicio en el proyecto internacional SPRINT.
Según los fundamentos oficiales, a la investigadora se le imputaron presuntas infracciones administrativas relacionadas con el uso de recursos públicos y de las facultades propias de su cargo. Las actuaciones estuvieron vinculadas con la participación de su pareja, José Luis Costa, en el proyecto.
La exoneración se produjo después de que el organismo suspendiera la difusión de los resultados del estudio, que detectó presencia de agrotóxicos en el ambiente y en el cuerpo de voluntarios argentinos.
Las críticas de organizaciones científicas y ambientales
La sanción generó cuestionamientos de organizaciones científicas y ambientales, que denunciaron la decisión como un acto de censura y persecución. Según estas entidades, la medida busca silenciar la evidencia sobre los impactos del agronegocio.
En ese marco, las organizaciones calificaron la exoneración como el hecho más grave contra la ciencia pública en Argentina desde el retorno de la democracia.
El caso reúne dos cuestiones centrales: por un lado, las imputaciones administrativas formuladas por el INTA contra Aparicio y, por otro, las críticas de las organizaciones que vinculan la sanción con la difusión de los resultados del proyecto SPRINT.
Aparicio recurrirá la decisión ante la Justicia
La exoneración constituye la sanción máxima dentro del régimen de empleo público nacional y tiene consecuencias sobre la posibilidad de que la investigadora vuelva a desempeñarse en el Estado.
Tras la resolución del Consejo Directivo, Virginia Aparicio anunció que recurrirá la medida ante la Justicia para cuestionar la decisión administrativa.
El caso se desarrolla en torno al sumario iniciado por el INTA, la suspensión de la difusión de los resultados del proyecto SPRINT y las denuncias de organizaciones científicas y ambientales sobre las posibles implicancias de la sanción para la investigación de los efectos de los agrotóxicos.
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