El legislador Leandro García volvió a presentar una iniciativa que busca financiar mensuras y avanzar en la regularización dominial de millones de hectáreas en la provincia.
El legislador rionegrino Leandro García presentó un proyecto para la creación del “Fondo Arraigo”, una iniciativa que propone la regulación de tierras fiscales en Río Negro. Según se argumenta, la falta de regulación afecta a tres millones de hectáreas, casi la mitad de las tierras fiscales de la provincia, que carecen de regularización dominial.
El objetivo del proyecto es financiar o subsidiar los trámites de mensura pendientes, además del amojonamiento y deslinde de antiguos pobladores y pequeños productores que no pueden acceder al título de propiedad.
“En realidad es un proyecto que ya habíamos presentado allá por el 2024, que reiteramos para la zona de Mallín Ahogado en el 2025 y que volvemos a insistir en este 2026. Hay una cuestión de pérdida de Estado parlamentario que tienen los proyectos después de que pasan dos años. Entonces, bueno, lo adaptamos a las modificaciones normativas desde estos dos años y lo volvimos a presentar con el mismo objetivo que tiene que ver con acelerar el proceso de regularización nominal de las tierras fiscales en toda la provincia”, explicó Leandro García.
El legislador señaló que uno de los principales obstáculos es el costo de las mensuras, lo que impide avanzar en la regularización de las tierras.
Financiamiento y críticas al gobierno provincial
“Uno de los grandes problemas que pretenden regularizar las tierras fiscales es la falta de mensuras y las mensuras son costosas. Entonces lo que propone esta ley es que se modifique en un punto el estrato más alto del impuesto inmobiliario para poder financiar las mensuras a aquellos pobladores que no puedan pagar la mensura. Esto tiene la intención de avanzar con algo que evidentemente no es una decisión política del gobierno provincial”, sostuvo García.
En ese sentido, cuestionó la falta de avance en iniciativas vinculadas a la regularización de tierras fiscales y la calificó como una deuda histórica. “No han tenido la voluntad de incorporar este proyecto ni ningún otro que tenga que ver con regularizar las tierras fiscales. Lamentablemente es una deuda histórica que viven nuestros pobladores”, afirmó.
El legislador también describió la situación de familias de distintos parajes que deben renovar periódicamente sus certificados de ocupación sin lograr el acceso a la propiedad.
Impacto en pobladores y conflictos familiares
“Hay muchos vecinos y vecinas que todos los años tienen que renovar su certificada ocupación y que hace 50 años incluso sus abuelos han fallecido o su padre, su madre, haciendo estos trámites y no han tenido el reconocimiento del derecho que les corresponde”, indicó García.
En ese marco, explicó que la falta de seguridad jurídica genera conflictos familiares debido a la imposibilidad de heredar tierras fiscales. “Cuando uno está sobre tierras fiscales no hay herederos en las tierras del Estado. Entonces muchas familias han entrado en conflictos entre hermanos, entre familiares, porque está el que se queda, está el que se va y en realidad al no tener propiedad sobre la tierra no hay herencia”, detalló.
Además, vinculó esta situación con decisiones políticas que, según planteó, no priorizan la regularización de los pobladores históricos.
Costos, extranjerización y antecedentes
El proyecto también pone el foco en los costos de las mensuras, que en algunos casos superan los 4 millones de pesos para predios menores a 3.000 hectáreas, lo que representa alrededor de 15 salarios mínimos. “Por un lado el costo, y por otro lado esto que no deja de resonar, porque el gobierno provincial no quiere avanzar con este proyecto, fundamentalmente porque esta desorganización permite que se continúe avanzando en la extranjerización de la tierra”, expresó García.
En ese sentido, mencionó situaciones vinculadas a la compra de tierras por parte de capitales extranjeros en zonas estratégicas. “Esa es la contracara de una decisión política que no existe, que es la de regularizar la situación de viejos pobladores”, agregó.
El legislador recordó antecedentes como la comisión investigadora de tierras de 2011, que detectó irregularidades y derivó en la devolución de terrenos en la meseta de Somuncurá.
Pedido de informes y continuidad del proyecto
García también se refirió a un pedido de informes presentado para que se investiguen declaraciones recientes vinculadas a la compra de tierras. “Nosotros presentamos un pedido de informe hace poco para que el Ministerio Público investigue lo que pasó a partir de las declaraciones que hizo el empresario, investigue y lleve adelante el proceso que tiene que llevar para que esto se aclare”, señaló.
Por último, remarcó que la iniciativa busca atender la situación de pobladores que no cuentan con seguridad jurídica sobre las tierras que habitan desde hace generaciones. “El proyecto que nosotros presentamos tiene que ver con la contracara de esto, con pobladores que están aquí hace muchos años y que justamente no tienen seguridad jurídica sobre esas tierras”, concluyó.
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