La Cámara alta aprobó durante la madrugada una versión modificada de la iniciativa impulsada por el oficialismo. También quedó afuera la venta de tierras a extranjeros y se mantienen los bloqueos de tierras tras incendios.
El Senado aprobó el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada, aunque durante una tensa sesión dejó afuera el capítulo referido al Manejo del Fuego. La iniciativa, impulsada por el oficialismo, contempla cambios en materia de expropiaciones y desalojos y ahora deberá ser analizada por la Cámara de Diputados.
La eliminación del capítulo sobre incendios implica que continuarán vigentes los bloqueos de tierras por 30 y 60 años, según el caso, después de un incendio, tal como establece la normativa vigente. La modificación significó un revés para La Libertad Avanza, que además había eliminado previamente del proyecto la posibilidad de venta de tierras a extranjeros.
El texto que finalmente obtuvo aprobación mantiene modificaciones relacionadas con las condiciones para activar expropiaciones desde el Estado, además de procedimientos de desalojo más rápidos en casos de usurpaciones y ante la falta de pago de alquileres.
La definición sobre el Manejo del Fuego se produjo durante las últimas horas de la sesión, luego de que distintos sectores plantearan reparos al capítulo. La oposición celebró su eliminación, mientras que desde el oficialismo defendieron el resto de la iniciativa vinculada con la protección de la propiedad privada.
Cruces por el capítulo sobre incendios
El miembro informante del proyecto fue Agustín Coto, titular de la comisión de Asuntos Constitucionales. El senador de Tierra del Fuego defendió los desalojos exprés y sostuvo que existen antecedentes similares en distintas provincias. Respecto del Manejo del Fuego, consideró que el proyecto elevaría “gravemente las penas” frente a los incendios intencionales.
Coto también cuestionó la extensión de los bloqueos posteriores a los incendios y sostuvo que mantenerlos durante “30 y 60 años es literalmente una vida”.
El senador peronista Pablo Bensusán cuestionó el contenido de la iniciativa y afirmó: “Más allá de que hayan eliminado el capítulo de tierras -en referencia a la venta a extranjeros-, el resto de los temas son de extrema gravedad ya que están afectando todos los recursos naturales estratégicos de la Argentina”.
La oposición cuestionó el proyecto
El radical Maximiliano Abad acompañó los cambios relacionados con expropiaciones y desalojos, pero rechazó el capítulo sobre Manejo del Fuego. En ese sentido, afirmó: “El artículo 41 de la Constitución reconoce el derecho a un ambiente sano y la jurisprudencia ha consolidado el principio de no regresión ambiental. Estamos frente a una reforma que seguramente será judicializada, afectando justamente la previsibilidad que el Gobierno dice querer recuperar”.
Desde el peronismo también cuestionaron a Patricia Bullrich por los cambios registrados durante el tratamiento del proyecto. La riojana Florencia López calificó al Gobierno como “chapucero, desorganizado, que se encuentra totalmente improvisado, que inventa e hizo alarde del ‘si pasa, pasa’”.
La chubutense Edith Terenzi anticipó su abstención en el capítulo referido a desalojos y su rechazo al Manejo del Fuego. “Vamos a dejar sin protección nuestros ecosistemas, sin vallas ni límites para su protección”, sostuvo.
Pasadas las 23.30, el capítulo sobre Manejo del Fuego quedó fuera del proyecto. El jefe del interbloque kirchnerista, José Mayans, calificó la iniciativa como “profundamente inconstitucional, vergonzosamente tratada en la comisión”.
Qué cambios quedaron aprobados
Entre los puntos que sí avanzaron se encuentran las modificaciones sobre expropiaciones. El proyecto establece que la declaración de utilidad pública deberá ser interpretada de manera restrictiva y tendrá que identificar de forma específica y concreta el objetivo perseguido.
También fija criterios para establecer las indemnizaciones, que deberán contemplar el valor objetivo del bien y su valor de mercado cuando sea determinado o determinable. El texto excluye circunstancias personales, valores afectivos, ganancias hipotéticas y el mayor valor que pueda conferir al inmueble el proyecto que motive la expropiación.
La iniciativa contempla además una modificación sobre los desalojos por falta de pago. En los casos de inmuebles destinados a vivienda, el locador deberá intimar previamente al locatario y otorgarle un plazo de al menos 10 días corridos para cancelar la deuda.
Cumplido ese plazo o extinguida la relación contractual, el locatario deberá restituir el inmueble. Si no lo hace, el propietario podrá iniciar una acción judicial de desalojo mediante el procedimiento más breve que establezca la legislación.
El proyecto también contempla beneficios para ocupantes que acrediten una posesión pacífica, ostensible y continua durante 10 años, siempre que se trate de inmuebles edificados destinados principalmente a vivienda única y permanente y se cumplan las condiciones previstas. Tras la aprobación en el Senado, el futuro de la iniciativa quedó ahora en manos de Diputados.
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