El oficialismo buscará este miércoles aprobar en la Cámara de Diputados una serie de iniciativas vinculadas al Banco Central, el régimen de Inocencia Fiscal, patentes y un acuerdo comercial con Singapur.
El oficialismo buscará avanzar este miércoles en la Cámara de Diputados con la media sanción de proyectos considerados centrales para afianzar la estabilidad económica. La sesión, que podría extenderse durante aproximadamente 16 horas, se realizará después del revés sufrido en el Senado con las reformas de las leyes de tierras y de manejo del fuego.
Para asegurar el quórum, los libertarios decidieron ampliar el temario e incorporar una docena de proyectos promovidos por sectores de la oposición dialoguista, en su mayoría sin costo fiscal. Sin embargo, los aliados endurecieron sus posturas y las ausencias podrían tener incidencia durante la jornada.
La iniciativa de mayor interés para la Casa Rosada es la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que busca reforzar su independencia del Gobierno mediante la prohibición explícita del financiamiento directo o indirecto al Tesoro. De aprobarse, el organismo no podrá realizar adelantos transitorios ni comprar de manera directa títulos públicos en el mercado primario.
El proyecto impulsado por Javier Milei también busca modificar la reforma realizada en 2012 y establecer un único objetivo para la autoridad monetaria: preservar el valor de la moneda. Además, propone modificar los mecanismos para remover al presidente y a los integrantes del directorio, para lo cual sería necesario acreditar una “causal grave” y contar con la aprobación de una mayoría de dos tercios en el Senado y la Cámara de Diputados.
Reforma del Banco Central e Inocencia Fiscal
Entre las alternativas que todavía están bajo análisis aparece el pedido de las provincias para “federalizar” el directorio del Banco Central mediante la designación de algunos de sus integrantes “por regiones”.
El segundo proyecto económico incluido en el temario es la ampliación del régimen de Inocencia Fiscal, aprobado a fines del año pasado, con el objetivo de favorecer la formalización de ahorros que permanecen fuera del sistema. Según los cálculos del Gobierno, actualmente existen USD 179 mil millones que podrían destinarse a inversiones.
La nueva versión del régimen eliminaría los límites de ingresos anuales de $1.000 millones y de patrimonio de $10.000 millones para adherir. De esta manera, quedaría abierto a todas las personas humanas, sin importar su nivel de ingresos o patrimonio, aunque los Grandes Contribuyentes quedarían excluidos de las presunciones, efectos liberatorios y otros beneficios previstos.
Además, por presión de los aliados tras el escándalo de Manuel Adorni, se incorporaría una cláusula para que funcionarios de los tres poderes del Estado puedan adherir al Régimen Simplificado de Ganancias, aunque no a la exteriorización de dólares o fondos no declarados. El proyecto también redefine el concepto de “discrepancia significativa” para las declaraciones ante ARCA y prevé un plazo de quince días para corregir diferencias y conservar los beneficios del régimen.
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