La magistrada Marta Pascual hizo lugar a un hábeas corpus preventivo colectivo y frenó temporalmente la aplicación de la norma por las condiciones de alojamiento de los adolescentes privados de su libertad.
Horas después de la reglamentación del nuevo Régimen Penal Juvenil, la titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, Marta Pascual, suspendió por 60 días la aplicación de la Ley 27.801 en el territorio bonaerense.
La magistrada hizo lugar a un hábeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación de Familia Grande Hogar de Cristo, con el patrocinio de la abogada Patricia Liguori, en representación de los adolescentes privados de su libertad.
El principal argumento para disponer la suspensión fue la falta de capacidad edilicia y el hacinamiento en los centros de menores. La nueva ley establece la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, una modificación que, según la resolución, generará un incremento en la cantidad de jóvenes detenidos.
En ese contexto, Pascual advirtió: «hacinar ‘menores’, tarde o temprano incrementa los niveles de inseguridad y violencia», según consta en la resolución judicial.
Las condiciones de alojamiento de los adolescentes
La jueza supervisa el Centro Socioeducativo de Lomas de Zamora, donde meses atrás debió limitarse el cupo a 60 adolescentes debido a que el establecimiento no cumplía con los estándares mínimos de alojamiento.
Si bien se registraron mejoras en alimentación y agua potable, persistieron deficiencias en áreas como educación, formación profesional y tiempos de aislamiento. Estas falencias también fueron reconocidas por autoridades del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia en otros centros de la provincia.
La resolución aclaró que la suspensión por 60 días no implica un pronunciamiento sobre el fondo de la Ley 27.801 ni sobre su constitucionalidad, sino que apunta al riesgo concreto derivado de las condiciones en las que se encuentran los jóvenes privados de su libertad.
Para analizar la situación, Pascual convocó a una audiencia multipropósito para el 16 de septiembre a las 10:00, en la que los responsables del Poder Ejecutivo bonaerense deberán informar qué medidas prevén implementar para garantizar la correcta aplicación de la norma.
Repercusiones políticas tras la suspensión
La decisión judicial generó reacciones en el arco político nacional. La senadora Patricia Bullrich cuestionó la resolución a través de sus redes sociales y apuntó contra el gobernador bonaerense Axel Kicillof.
«En la Provincia de Buenos Aires tenés a Kicillof, que se pone del lado de los delincuentes, mientras los bonaerenses viven enrejados, con miedo y sin que nadie les dé seguridad», expresó Bullrich.
La senadora también cuestionó el funcionamiento de la Justicia provincial y sostuvo: «tienen una Justicia provincial garantista que los deja libres para que sigan robando, asesinando y destruyendo familias».
La medida dejó en pausa la aplicación de la Ley 27.801 en la provincia de Buenos Aires y abrió una instancia de análisis sobre las condiciones de alojamiento de los adolescentes privados de su libertad. El próximo 16 de septiembre, el Poder Ejecutivo bonaerense deberá presentar ante la Justicia las medidas previstas para garantizar la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil.
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