El Gobierno argentino prepara un proyecto para ampliar las sanciones contra empresas y personas vinculadas con la explotación de recursos en Malvinas, mientras desde el Reino Unido ratificaron su posición sobre la soberanía de las islas.
El Gobierno argentino avanza con una iniciativa para ampliar las sanciones vinculadas con la explotación de recursos naturales en las Islas Malvinas, en paralelo con el reclamo histórico de soberanía y con nuevas declaraciones desde el Reino Unido en defensa de su posición sobre el archipiélago.
El proyecto que prepara el Ejecutivo modificaría la Ley 26.659, conocida como Ley Pino Solanas, que establece sanciones para quienes realicen actividades de exploración o explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina sin autorización.
La intención oficial es incorporar también la actividad pesquera entre las operaciones que podrían quedar alcanzadas por las sanciones cuando estén vinculadas con las islas. El tema fue analizado en la última reunión de la mesa política y el peronismo reclamó que la pesca forme parte del proyecto.
El diputado Germán Martínez planteó esa incorporación durante la sesión de la Cámara de Diputados. El Gobierno prevé enviar la iniciativa al Congreso el próximo lunes y analiza si realizará una presentación tradicional o si enviará a un funcionario para explicar los alcances del articulado.
El Gobierno busca avanzar en el Congreso
Entre los funcionarios que podrían participar de la presentación aparecen el ministro de Defensa, Carlos Presti, y el canciller Pablo Quirno, quienes participaron en la elaboración del proyecto.
El oficialismo espera que la Cámara de Diputados pueda tratar la iniciativa entre fines de septiembre y comienzos de octubre, con la expectativa de que tenga un rápido recorrido parlamentario.
La discusión se desarrolla además mientras el Gobierno mantiene su ofensiva contra empresas vinculadas, según su denuncia, con negocios petroleros considerados ilegales en Malvinas. Uno de los principales focos es el proyecto Sea Lion.
En ese marco, el presidente Javier Milei había anunciado que quienes presten servicios a compañías relacionadas con la explotación de recursos en las islas podrían quedar alcanzados por nuevas restricciones.
“Con esta ley, quienes provean servicios a empresas vinculadas a la explotación ilegal de recursos argentinos no podrán contratar ni con el Estado ni con privados en nuestro país”, sostuvo Milei.
La posición del Reino Unido
Mientras Argentina prepara estas medidas, desde el Reino Unido volvieron a ratificar su postura sobre las islas. El primer ministro británico Andy Burnham afirmó que su Gobierno será firme en la defensa de las Malvinas y sostuvo: “Vamos a ser implacables a la hora de defenderlas”.
La posición británica también fue respaldada por la canciller Kirsty McNeill, quien reafirmó que Londres no tiene dudas respecto de su postura sobre la soberanía y sobre el derecho de los habitantes de las islas a decidir su futuro.
El Gobierno argentino, en cambio, mantiene su reclamo histórico de soberanía sobre las Islas Malvinas y considera al archipiélago parte del territorio nacional.
Más sanciones y una base naval en Tierra del Fuego
Milei también anunció la construcción de una base naval integrada en Tierra del Fuego, cuyo financiamiento estaría contemplado en el Presupuesto 2027. Según explicó el Presidente, la reasignación de recursos necesaria para la obra “no pone en juego el superávit”.
Además, aseguró que desde el anuncio realizado por cadena nacional se iniciaron procesos de sanción contra 60 empresas y personas que, según el Gobierno, operan de manera directa o indirecta en la cuenca de Malvinas sin autorización argentina.
Así, el Ejecutivo busca combinar medidas económicas y regulatorias contra actividades vinculadas con Malvinas, mientras sostiene el reclamo de soberanía frente a la posición que mantiene el Reino Unido.
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