El gobierno británico cuestionó la decisión de Argentina de recurrir al arbitraje internacional por la explotación de hidrocarburos en la cuenca de Malvinas y defendió la continuidad del proyecto Sea Lion.
La disputa por la explotación de hidrocarburos en la cuenca de Malvinas volvió a tensar la relación entre Argentina y el Reino Unido. El gobierno británico convocó a la embajadora argentina en Londres, Mariana Plaza, luego de que la administración de Javier Milei anunciara que recurrirá al arbitraje internacional si no se frenan los trabajos vinculados con el proyecto Sea Lion.
Durante la reunión, la subsecretaria parlamentaria de Estado para los Territorios de Ultramar, Uma Kumaran, transmitió el rechazo británico a la decisión argentina y cuestionó las medidas impulsadas contra las empresas que participan del proyecto. La funcionaria sostuvo que “los esfuerzos por obstruir la actividad económica lícita en las islas Malvinas” plantean interrogantes sobre la posición de Argentina como socio internacional.
Kumaran sostuvo que le dejaron claro a Plaza que “los esfuerzos por obstruir la actividad económica lícita en las islas Malvinas no son actos de un compromiso internacional responsable; son intentos deliberados de socavar la prosperidad y la seguridad económica de un pueblo autogobernado”, según expresó la funcionaria británica.
La subsecretaria también calificó la presentación argentina ante la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar como “el último intento de socavar los derechos y los medios de vida del pueblo de las islas Malvinas”. Además, señaló que las acciones argentinas planteaban “interrogantes sobre la fiabilidad de Argentina como socio”.
El reclamo argentino por el proyecto Sea Lion
El gobierno de Javier Milei anunció el lunes que recurrirá a un arbitraje internacional si el Reino Unido no detiene en el plazo de dos semanas los trabajos destinados a la extracción de hidrocarburos en Sea Lion.
Según el planteo difundido, la Argentina recurriría al procedimiento arbitral previsto en el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. El texto señala que se trataría de la primera vez que el país utiliza ese mecanismo, con los riesgos que implicaría una eventual decisión desfavorable.
La decisión argentina también incluye medidas contra las empresas que participan del proyecto. Rockhopper, la petrolera británica que trabaja en Sea Lion junto con la israelí Navitas, confirmó que mantendrá sus planes de avanzar con la extracción de petróleo en la cuenca de Malvinas a partir del primer trimestre de 2028.
El director ejecutivo de Rockhopper, Sam Moody, afirmó que la compañía cuenta con el “respaldo continuo y firme” del gobierno británico para avanzar con el proyecto.
La respuesta británica y la tensión entre ambos gobiernos
Kumaran citó además al primer ministro Andy Burnham para reiterar que el respaldo británico a los habitantes de las islas Malvinas es “inquebrantable”. La funcionaria cuestionó así las medidas impulsadas por Argentina contra la actividad económica vinculada con el proyecto Sea Lion.
Ni la Cancillería argentina ni el canciller Pablo Quirno, quien se encontraba en París junto a Milei, se pronunciaron sobre la convocatoria a la embajadora Plaza. El Foreign Office tampoco emitió una declaración propia y, ante consultas de agencias internacionales, remitió a las expresiones de Kumaran.
La decisión argentina de avanzar contra las empresas que participan del proyecto y el anuncio de recurrir al arbitraje internacional vuelven a introducir un elemento de tensión en la relación entre Argentina y el Reino Unido.
Además, trascendió que los directivos de Rockhopper y Navitas buscaban una declaración pública de respaldo del canciller británico Ed Miliband. La situación se produce luego de que el gobierno argentino adoptara nuevas medidas en relación con la explotación de hidrocarburos en la cuenca de Malvinas.
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