El Gobierno argentino intimó a Londres a frenar en dos semanas las actividades hidrocarburíferas vinculadas al proyecto Sea Lion y anticipó que recurrirá al Tribunal Internacional del Derecho del Mar.
El presidente Javier Milei instruyó este lunes a Cancillería y a los equipos jurídicos del Estado a iniciar un arbitraje internacional contra el Reino Unido en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR). El objetivo es frenar el proyecto petrolero Sea Lion, desarrollado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration al norte de las Islas Malvinas.
Según informó la Oficina del Presidente, la Argentina intimó formalmente a Londres para que, en un plazo de dos semanas, adopte medidas que impidan el inicio o la continuidad de las actividades hidrocarburíferas en los espacios marítimos que el país reclama.
El anuncio se suma a la ofensiva iniciada por el Ejecutivo a comienzos de septiembre con el decreto 868/2026, que incorporó declaraciones juradas a los trámites de hidrocarburos y a las adhesiones al RIGI, el mismo circuito administrativo por el que pasan los proyectos de Vaca Muerta.
Milei comunicó la decisión a través de su cuenta de X y cuestionó lo que definió como el “saqueo ilegal de nuestros recursos a través del Proyecto Sea Lion en la Cuenca Malvinas Norte”. El mandatario advirtió que “Si en 2 semanas el Reino Unido no frena la explotación ilegítima, vamos a ir al Tribunal Internacional del Derecho del Mar” y cerró con la consigna “LAS MALVINAS SON ARGENTINAS y se defienden con hechos, no palabras”.
Cómo será el arbitraje internacional
El mecanismo que busca activar el Gobierno está previsto en el Anexo VII de la CONVEMAR, que establece un procedimiento para resolver controversias sobre la interpretación o aplicación del tratado. Una de las partes puede iniciarlo mediante una notificación escrita y, salvo acuerdo en contrario, el tribunal queda integrado por cinco árbitros, cuyas decisiones finales son obligatorias para ambos Estados.
Mientras se conforma ese tribunal, la Convención contempla la posibilidad de solicitar medidas provisionales al Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo. Para otorgarlas, debe considerar que existe jurisdicción a primera vista y que la urgencia lo justifica.
El procedimiento no lleva la discusión sobre la soberanía de las islas ante el tribunal arbitral. El planteo argentino está circunscripto a la explotación de recursos y a los derechos derivados del Derecho del Mar, mientras que cualquier discusión sobre el alcance de la competencia de los árbitros deberá resolverse dentro del propio proceso.
La Argentina aprobó la CONVEMAR mediante la ley 24.543 y, al ratificarla, dejó asentado que el tratado no modificaba su posición sobre Malvinas y sus espacios marítimos. La Presidencia también invocó las resoluciones 2065 (XX), de 1965, y 31/49, de 1976, de la Asamblea General de Naciones Unidas.
El cronograma del proyecto Sea Lion
Sobre la base de esas resoluciones, Presidencia sostuvo que una explotación unilateral provocaría un perjuicio “irreversible e irreparable” sobre los derechos que reclama la Argentina. La presión jurídica apunta a un calendario definido por las empresas involucradas en el proyecto Sea Lion.
Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration adoptaron en diciembre de 2025 la decisión final de inversión del yacimiento. De acuerdo con los datos de las compañías, la primera etapa contempla 11 pozos submarinos conectados a una unidad flotante de producción.
El inicio de la perforación está previsto para principios de 2027, mientras que el primer petróleo está proyectado para 2028. El Gobierno argentino busca impedir que continúe ese desarrollo en los espacios marítimos que considera comprendidos dentro de sus derechos.
Londres reiteró este mes ante la ONU que considera a las islas territorio británico y que el desarrollo de sus recursos corresponde a los isleños. La Argentina rechaza esa posición y sostiene que el referéndum de 2013 no modifica la disputa reconocida por Naciones Unidas.
El Gobierno también apuntó contra Thales UK Limited
El comunicado oficial incluyó además un planteo contra Thales UK Limited, empresa a la que la Casa Rosada atribuyó operaciones en la ruta aérea entre Malvinas y Punta Arenas con una aeronave de matrícula británica y sin autorización argentina.
Milei ordenó iniciar de manera urgente procedimientos sancionatorios administrativos, denuncias penales y gestiones diplomáticas. La decisión se conoció después de una carta documento enviada por el Centro de Excombatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM) al canciller Pablo Quirno.
En esa presentación, el CECIM advirtió que un proyecto de conexión marítima comercial entre Punta Arenas y Puerto Argentino podría funcionar como soporte logístico para Sea Lion y reclamó al canciller que actuara en el marco del decreto 868/26.
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