El dirigente mapuche cuestionó la investigación que derivó en su condena y aseguró que aceptó el juicio abreviado ante el riesgo de recibir una pena superior a los 15 años.
Facundo Jones Huala cuestionó desde la cárcel la causa por la que fue condenado y sostuvo que no existían pruebas suficientes para responsabilizarlo por los hechos investigados. “No existen pruebas reales contundentes ni mucho menos testigos. Entonces tuvieron que inventar muchas cosas”, afirmó el dirigente mapuche.
Jones Huala fue condenado a cinco años y dos meses de prisión mediante un juicio abreviado, homologado el 16 de septiembre por el juez federal de Bariloche Leandro Gómez Constenla. Como parte del acuerdo, admitió haber integrado la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM).
La sentencia se encuadró en el artículo 213 bis del Código Penal, referido a agrupaciones destinadas a imponer sus ideas o combatir las ajenas mediante la fuerza. El acuerdo evitó el juicio oral y dejó fuera varias de las imputaciones iniciales, entre ellas intimidación pública, incitación a la violencia colectiva, asociación ilícita y apología del delito.
La investigación se abrió tras la presentación de su libro “Entre rejas, antipoesía incendiaria”, en febrero de 2025. “Yo había presentado un libro de poesía en la Biblioteca Popular Aimé Painé, en Bariloche, y di un discurso político con respecto a mi militancia, a mi hermano y a mi vida”, recordó Jones Huala.
La detención en El Bolsón y los cuestionamientos de la defensa
Jones Huala aseguró que fue detenido por la Policía Federal en El Bolsón cuando todavía no existía una orden judicial. “Yo fui detenido antes de que haya una orden judicial”, afirmó. También relató: “El jefe del operativo me pidió disculpas y dijo: ‘Después de este operativo voy a renunciar porque esto es completamente injusto’”.
Su abogado, Gustavo Franquet, integrante de la Gremial de Abogados y Abogadas, calificó el procedimiento como “absolutamente irregular”. Según la defensa, la Policía Federal seguía y fotografiaba a Jones Huala y conocía sus movimientos, pero no contaba con una orden judicial ni existía una situación de flagrancia que justificara detenerlo sin ella.
Después de permanecer en dependencias de la Policía Federal en Bariloche, Jones Huala fue trasladado a Rawson, a unos 800 kilómetros de su entorno familiar. Según relató, al principio estuvo en un sector de aislamiento y tuvo dificultades para comunicarse con su familia y sus abogados. Está detenido desde el 6 de junio de 2025 y, según el cálculo realizado en el proceso, agotaría la pena en agosto de 2030.
Aunque reconoció su pertenencia a la RAM, negó que existieran comunicaciones en las que impartiera órdenes para cometer ataques. Consultado sobre supuestas escuchas en las que ordenara incendiar una vivienda, respondió: “Jamás. No existe eso, eso no pasa”. Sostuvo que su función durante el último período había sido principalmente la de vocero y que algunos episodios atribuidos a la organización ocurrieron mientras estaba preso por otras causas.
Por qué Jones Huala aceptó el juicio abreviado
Jones Huala sostuvo que aceptó el acuerdo porque consideraba que podía recibir una condena superior a los 15 años si llegaba al debate oral. “Era muy posible que llegando a un juicio oral y público terminara con condena sin prueba y sin testigos, sin nada, sin cosas reales”, manifestó. Sobre su interpretación de la causa, agregó: “El solo hecho de ser parte de la organización, de reivindicarla, de haber hablado de la organización, es el delito”.
Según reconstruyeron Jones Huala y su defensa, inicialmente se discutió una pena de cinco años y seis meses bajo la figura de asociación ilícita vinculada a una organización destinada a poner en peligro la vigencia de la Constitución. Jones Huala rechazó esa calificación y acordó cinco años y dos meses bajo otra figura penal. “Yo te acepto la cantidad de años, pero con otro artículo”, recordó. La negociación tuvo participación del fiscal Fernando Arrigo, quien encabezó la investigación junto con la fiscal Pagano Mata.
Jones Huala también aseguró: “En el acuerdo con la Fiscalía hubo que aceptar incluso cosas que no eran ciertas”. Franquet cuestionó ese mecanismo y lo describió, en casos como este, como “una herramienta de extorsión”. “Yo no le voy a decir a nadie que arriesgue 10 o 15 años de su libertad confiando en que vamos a poder demostrar la inocencia”, expresó el abogado.
La postura de la familia de Jones Huala
María Isabel Huala, madre del detenido, vinculó la investigación con una historia de procedimientos sobre su familia en la Argentina y Chile y sostuvo que constituye una nueva etapa de persecución política relacionada con la militancia mapuche de su hijo. La defensa también cuestionó la intervención de Arrigo: según Franquet, el fiscal encabezó la investigación, participó personalmente en las conversaciones finales y firmó el acuerdo.
Sé el primero en comentar