El proyecto incorpora garantías de financiamiento, define los requisitos para acceder a las pensiones y fija plazos para cancelar deudas con prestadores. La iniciativa reunió una amplia mayoría en la Cámara de Diputados y ahora deberá ser tratada por el Senado.
Las personas con discapacidad y los prestadores de servicios del sector tendrán nuevas garantías si el Senado convierte en ley el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados. La iniciativa establece cómo se financiará el sistema, qué condiciones deberán cumplirse para acceder a las pensiones y en qué plazos se deberán cancelar las deudas acumuladas con los prestadores.
La propuesta obtuvo 237 votos afirmativos, 9 negativos y 4 abstenciones, luego de una negociación en la que La Libertad Avanza aceptó cambios planteados por bloques opositores y aliados. El acuerdo permitió reunir más de dos tercios de los votos y dejó en segundo plano la alternativa de prorrogar por un año la Emergencia en Discapacidad.
Entre las principales modificaciones se encuentran la obligación de garantizar partidas presupuestarias suficientes, la protección del ingreso por beneficiario en términos reales, la cobertura de salud y la definición de los requisitos para otorgar pensiones. También se incorporaron plazos para informar y cancelar las deudas con quienes brindan servicios a personas con discapacidad.
La votación se concretó pasada la medianoche y el proyecto pasó al Senado para continuar su tratamiento legislativo. La discusión estuvo atravesada por las diferencias entre el oficialismo, que impulsaba una nueva normativa, y los sectores que reclamaban extender la emergencia vigente hasta fin de año.
Cómo se financiará la ley de discapacidad
Uno de los cambios centrales establece en detalle las partidas presupuestarias destinadas a financiar el sistema de discapacidad. Si la demanda supera los fondos disponibles, el proyecto prevé cubrir la diferencia mediante las obligaciones a cargo del Tesoro, correspondientes a la Jurisdicción 91 del Presupuesto.
Además, la iniciativa dispone que las leyes de Presupuesto deberán garantizar un crédito suficiente para sostener el sistema. En ese marco, establece que “el ingreso por beneficiario no podrá ser inferior en términos reales al contemplado en el ejercicio inmediato anterior”.
Otro punto incorporado es la definición de los requisitos para acceder a las pensiones por discapacidad dentro del propio texto legal. La propuesta original de La Libertad Avanza dejaba esos criterios sujetos a la reglamentación, una cuestión que fue modificada durante las negociaciones parlamentarias.
El proyecto también garantiza la cobertura de salud para quienes reciben Pensiones No Contributivas por Discapacidad y Pensiones por Invalidez Laboral. La disposición contempla tanto a Incluir Salud como a cualquier programa que pueda reemplazarlo en el futuro.
Qué plazo habrá para pagar las deudas con prestadores
La nueva normativa establece un procedimiento para regularizar las deudas acumuladas con prestadores de servicios de discapacidad. Si las compensaciones todavía no fueron saldadas al momento de aprobarse la ley, la Secretaría de Discapacidad deberá comunicar el cronograma de pagos dentro de los 30 días corridos.
A partir de ese plazo, el organismo tendrá que completar la cancelación de todas las deudas en un máximo de 90 días corridos. La incorporación de estos tiempos busca establecer un mecanismo definido para afrontar las obligaciones pendientes con los prestadores.
El texto aprobado también mantiene la homogeneidad y universalidad del Nomenclador de Aranceles, con actualización mensual por inflación. A su vez, conserva la compatibilidad entre el cobro de una pensión y el acceso a un empleo formal, dos aspectos que el Poder Ejecutivo pretendía modificar en el Presupuesto enviado al Congreso.
Por qué se modificó el proyecto original
El acuerdo se alcanzó después de varias horas de negociaciones entre representantes de La Libertad Avanza y legisladores de otros bloques. Laura Rodríguez Machado y Giselle Castelnuovo encabezaron las tratativas por el oficialismo, mientras que Victoria Tolosa Paz y Oscar Herrera Ahuad acercaron los planteos de la oposición.
Herrera Ahuad, titular de un bloque de nueve integrantes, había advertido que podía abstenerse si el oficialismo no aceptaba cinco pedidos. Durante el debate, cuestionó la falta de precisiones de la propuesta inicial y señaló: “A la palabra ‘superador’ le faltaban detalles, le faltaban certezas”.
La oposición también impulsaba una prórroga de un año de la Emergencia en Discapacidad, reclamada por organizaciones civiles ante el vencimiento de la ley a fin de año. Sin embargo, el oficialismo aceptó incorporar modificaciones a su proyecto y consiguió el respaldo de Unión por la Patria. La izquierda se abstuvo.
El presidente de la Comisión de Discapacidad, Gerardo Huesen, defendió la iniciativa y afirmó: “Las personas con discapacidad no pueden vivir con una emergencia permanente ni depender de una negociación política cada vez que quieran ejercer sus derechos. Este dictamen supera esta lógica y establece reglas permanentes”.
Por su parte, Laura Rodríguez Machado sostuvo: “La sensibilidad social no se contrapone con la responsabilidad fiscal. Buscamos consensos tal como se debe hacer en este Congreso”. El proyecto deberá ser tratado ahora por el Senado para completar el trámite legislativo.
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