El proyecto impulsado por Patricia Bullrich y La Libertad Avanza busca modificar la Ley 26.657 para agilizar las intervenciones en situaciones de crisis. La iniciativa cuenta con acuerdos de la UCR y el PRO, pero genera cuestionamientos por sus posibles efectos sobre los derechos de los pacientes.
El Gobierno nacional busca avanzar en el Senado con la reforma de la Ley de Salud Mental 26.657, mediante un dictamen de mayoría que propone cambios en los criterios de intervención ante situaciones de crisis y en las condiciones para disponer internaciones involuntarias.
La iniciativa, impulsada por la senadora Patricia Bullrich y el bloque de La Libertad Avanza, apunta a modificar los procedimientos para responder ante situaciones en las que se considere que existe un riesgo para la vida o la integridad física de una persona o de terceros.
Uno de los principales cambios propuestos es la modificación del criterio que habilita una internación involuntaria. El proyecto reemplaza el requisito de “riesgo cierto e inminente” por el de “riesgo grave de daño”, una definición que amplía el margen para evaluar la necesidad de intervenir.
Qué cambia en las internaciones involuntarias
Otro punto central de la reforma es la autoridad habilitada para disponer una internación. Según el proyecto, cualquier médico podrá indicar inicialmente una internación en una situación de emergencia, aunque la decisión deberá ser revalidada por un equipo interdisciplinario dentro de las 48 horas.
La propuesta también modifica el procedimiento de control judicial. En lugar de exigir una orden judicial previa, establece una notificación obligatoria a la Justicia dentro de un plazo de 24 horas, con el objetivo de agilizar la intervención ante una crisis.
Estos cambios forman parte de una revisión de los mecanismos previstos en la legislación vigente para las internaciones involuntarias. La iniciativa plantea modificaciones tanto en la evaluación del riesgo como en las responsabilidades médicas y los plazos de comunicación a las autoridades judiciales.
Financiamiento, adicciones y planes de egreso
El proyecto contempla, además, la posibilidad de que las provincias y la Nación firmen convenios de asistencia financiera para implementar las medidas vinculadas con la atención en salud mental. Sin embargo, continúan las negociaciones sobre las partidas presupuestarias específicas destinadas a ese fin.
En materia de instituciones de atención, la propuesta mantiene la prohibición de crear manicomios. También amplía el concepto de adicciones para incluir problemáticas como la ludopatía, dentro de los aspectos contemplados por la reforma.
Otro de los puntos incorporados es la exigencia de establecer planes de egreso desde el diagnóstico inicial. La medida busca que la planificación de la salida de una internación forme parte del abordaje desde las primeras etapas de atención.
Apoyos y cuestionamientos a la reforma
En el plano político, la iniciativa cuenta con acuerdos de la Unión Cívica Radical (UCR) y el PRO, que acompañan el avance del proyecto en el Senado. El oficialismo busca reunir los respaldos necesarios para avanzar con los cambios en la legislación.
Sin embargo, la reforma enfrenta el rechazo de sectores que advierten sobre un posible debilitamiento de los derechos de las personas con padecimientos de salud mental. Entre los cuestionamientos también aparece la preocupación por el lugar que tendrían los profesionales de la psicología dentro de los equipos interdisciplinarios.
El debate se concentra en cómo modificar los mecanismos de intervención ante situaciones de crisis sin reducir las garantías previstas para los pacientes. La discusión en el Senado tendrá como ejes las condiciones para las internaciones involuntarias, el control judicial, la participación de los equipos de salud y el financiamiento necesario para la atención.
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