La iniciativa del Gobierno nacional consiguió 42 votos afirmativos y 21 negativos. El proyecto establece nuevas condiciones para las internaciones sin consentimiento, incorpora la ludopatía dentro de las adicciones y modifica los mecanismos de atención y seguimiento de los pacientes.
La reforma de la Ley Nacional de Salud Mental 26.657 obtuvo media sanción en el Senado durante la madrugada de este viernes. La iniciativa impulsada por el Gobierno nacional fue aprobada por 42 votos contra 21 y ahora deberá pasar a la Cámara de Diputados para continuar su tratamiento legislativo.
La modificación introduce cambios en la organización de los equipos de atención, con mayor participación de los médicos psiquiatras, y redefine las condiciones bajo las cuales una persona puede ser internada sin prestar su consentimiento. También incorpora nuevas disposiciones vinculadas con las adicciones y los derechos de los pacientes.
El proyecto que llegó al recinto no fue aprobado en su versión original. La Casa Rosada aceptó modificaciones hasta minutos antes de la votación para reunir los apoyos necesarios. Entre los puntos que se mantuvieron figura la prohibición de crear manicomios, establecida por la legislación de 2010, y el principio de que las internaciones deben ser excepcionales.
Otro de los cambios acordados contempla un mecanismo de financiamiento federal para garantizar la participación de las provincias. Los recursos se canalizarán mediante convenios bilaterales coordinados en el Consejo Federal de Salud (COFESA), según informó La Nación.
Qué condiciones deberán cumplirse para una internación involuntaria
Uno de los aspectos centrales de la reforma es la definición de los requisitos para disponer una internación involuntaria. El proyecto establece que deberá existir un riesgo grave de daño para la vida o la integridad de la persona afectada o de terceros. La decisión tendrá que contar con la firma de dos profesionales.
El procedimiento también incorpora plazos específicos para el control judicial. La internación deberá comunicarse al juez dentro de las primeras 24 horas y la autoridad tendrá tres días para resolver si la convalida, solicita peritajes o dispone la externación.
Además, los equipos de atención deberán elaborar un plan de egreso desde el primer día. La normativa considera prolongadas las internaciones que superen los 180 días y establece que, en esos casos, deberá intervenir de oficio el Órgano de Revisión.
La reforma también amplía el alcance de las adicciones para incluir a la ludopatía. En materia de atención médica, habilita las consultas a distancia con psiquiatras en aquellas localidades donde no haya especialistas disponibles.
Qué derechos contempla para pacientes y familiares
La iniciativa incorpora la posibilidad de establecer directivas anticipadas, una herramienta que permitirá a las personas dejar expresada su voluntad respecto de los tratamientos que aceptan o rechazan. También podrán designar a un tercero para que manifieste su consentimiento si en algún momento no pueden hacerlo por sí mismas.
En cuanto al entorno familiar, el proyecto delimita quiénes podrán participar en las decisiones relacionadas con la atención. La intervención quedará restringida a padres, hijos, cónyuges, convivientes y representantes legales, de acuerdo con la información publicada por Infobae.
Cuando una persona no cuente con familiares o responsables que puedan acompañarla, el Estado deberá garantizar los apoyos y dispositivos comunitarios necesarios para su atención.
Para los niños y adolescentes, la reforma dispone que la asistencia se realice en espacios diferenciados de los destinados a adultos. También reconoce el derecho de este grupo a ser escuchado y establece que los consumos no deben ser criminalizados.
El financiamiento, uno de los ejes del debate en el Senado
La disponibilidad de recursos para aplicar la normativa fue uno de los principales temas de discusión durante la sesión. El senador por Catamarca Guillermo Andrada reclamó garantías presupuestarias al Estado nacional y planteó que la falta de financiamiento había sido una de las causas del fracaso de la ley vigente.
En el cierre del debate, la presidenta del bloque libertario, Patricia Bullrich, defendió la propuesta y vinculó los cambios en los mecanismos de intervención con la prevención de situaciones de riesgo. “Intervenir a tiempo cuida a la sociedad y cuida también a las personas con problemas mentales. Esto salva vidas”, afirmó.
Con la media sanción del Senado, el proyecto quedó en condiciones de ser debatido por la Cámara de Diputados, donde deberá continuar el recorrido legislativo para convertirse en ley.
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