La jueza penal de Rawson, Ana Karina Breckle, consideró que no se acreditó la existencia de un delito ni un perjuicio económico para ATE. También cuestionó la pericia contable y sostuvo que la fiscalía invirtió la carga de la prueba.
La jueza penal de Rawson, Ana Karina Breckle, absolvió al dirigente de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Guillermo Quiroga, en la causa en la que estaba acusado por el delito de administración fraudulenta. En su fallo, la magistrada declaró una certeza negativa absoluta respecto de la inexistencia de delito penal.
La resolución cuestionó distintos aspectos de la investigación llevada adelante por el Ministerio Público Fiscal, tanto en relación con la acreditación del supuesto perjuicio económico como con los elementos utilizados para sostener la acusación.
Uno de los argumentos centrales de la sentencia fue la ausencia de una víctima. Según se expuso en el fallo, la propia conducción de ATE sostuvo desde el inicio que el patrimonio de la organización sindical no había sufrido ningún perjuicio económico.
Para la magistrada, esa circunstancia impedía acreditar un elemento necesario para configurar el delito investigado, ya que no se pudo demostrar que el sindicato hubiera sufrido un daño patrimonial.
Los cuestionamientos a la investigación fiscal
Otro de los puntos señalados por Breckle fue la inversión de la carga de la prueba. La jueza sostuvo que Quiroga no tenía la obligación de justificar el destino de los fondos ni de demostrar su inocencia, porque esa responsabilidad correspondía exclusivamente a quienes impulsaban la acusación.
En ese sentido, el fallo cuestionó el enfoque de la investigación y remarcó que era la fiscalía la que debía aportar las pruebas necesarias para acreditar la existencia del delito.
La resolución también puso en discusión la pericia contable presentada por la fiscalía, a la que calificó como no objetiva y orientada a sostener una conclusión previa, en lugar de analizar los elementos disponibles sin condicionamientos.
Además, la magistrada señaló que la denuncia habría estado vinculada con la disputa política dentro del ámbito gremial, otro de los aspectos considerados al evaluar el desarrollo de la causa.
Los fondos investigados y la falta de pruebas
La acusación involucraba transferencias de fondos por un monto superior a los 22 millones de pesos. Sin embargo, durante el proceso no se pudo probar que ese dinero hubiera sido utilizado por Quiroga para fines personales.
Según los argumentos del fallo, la teoría acusatoria tampoco contempló otras fuentes de ingresos legítimos ni determinadas prácticas de asistencia sindical que podían explicar los movimientos de dinero investigados.
De esta manera, la jueza consideró que no existían elementos suficientes para sostener que los fondos hubieran sido destinados a un beneficio personal del dirigente.
Con estos fundamentos, Guillermo Quiroga fue absuelto del delito de administración fraudulenta. La resolución cuestionó la investigación fiscal y concluyó que no se había acreditado la existencia de un delito penal ni un perjuicio económico para el patrimonio de ATE.
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