En el marco de la reducción del gasto, la Nación oficializó la quita del adicional por asistencia para trabajadores del SINEP. La medida impacta en el ingreso mensual y suma tensión en las provincias.
El Gobierno nacional oficializó la eliminación del “Premio Estímulo a la Asistencia”, el adicional conocido como plus por presentismo que percibían trabajadores del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP). La decisión se enmarca en el proceso de reducción del gasto público y reordenamiento del Estado que impulsa la administración de Javier Milei.
La quita impacta de manera directa en miles de empleados estatales, ya que el ítem formaba parte de la liquidación habitual. Para quienes estaban encuadrados en el SINEP, el adicional podía alcanzar hasta $150.000 mensuales, lo que representa una merma concreta en el ingreso neto.
Desde el Ejecutivo sostienen que la medida apunta a “simplificar el esquema de liquidación y optimizar recursos”, según indicaron fuentes oficiales. Sin embargo, sectores gremiales interpretan la decisión como un recorte salarial, dado que el concepto se abonaba de manera regular.
La eliminación del adicional se produce en un contexto de creciente discusión sobre los salarios estatales, tanto en la capital como en las provincias.
Alcance de la medida y dependencias afectadas
La quita alcanza exclusivamente a dependencias de la Administración Central, organismos descentralizados y personal de ministerios y de la Casa Rosada. No tiene impacto legal directo sobre trabajadores provinciales o municipales.
No obstante, el mensaje político del Presidente es observado por los gobernadores, en un escenario de presión sobre las finanzas subnacionales. En varias jurisdicciones, el debate sobre la recomposición salarial y la reapertura de paritarias permanece abierto.
El Ejecutivo sostiene como eje central la meta de “déficit cero”, que guía el programa económico y las decisiones en materia de gasto público.
Clima sindical y contexto en las provincias
La eliminación del presentismo se suma a otras medidas ya implementadas, como el congelamiento de vacantes y la revisión de contratos. En ese marco, en provincias como Misiones o Chubut, el clima sindical comienza a registrar movimientos vinculados a la discusión salarial.
El contraste se evidencia entre la profundización de la contención del gasto a nivel nacional y los reclamos en los territorios por recomposición frente a la inflación.
Desde el entorno presidencial plantean que la decisión busca redefinir incentivos internos en el sector público y desarticular mecanismos de gasto considerados rígidos.
Impacto en el ingreso y señal política
Para los trabajadores alcanzados, la eliminación de un componente incorporado al presupuesto familiar implica una reducción directa del ingreso mensual. En un contexto en el que los sueldos estatales perdieron poder adquisitivo frente al costo de vida, la medida agrega presión al escenario gremial.
La señal oficial refuerza el rumbo del achicamiento del Estado nacional y la continuidad del esquema de ajuste. El impacto político y sindical de la decisión comenzará a medirse en las próximas semanas, tanto en la administración central como en las jurisdicciones del interior.
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