El proyecto impulsado por YPF, Eni y XRG contempla desembolsos por US$ 25.000 millones entre 2027 y 2030 y la instalación de unidades flotantes de licuefacción frente a las costas rionegrinas. La iniciativa también abrió cuestionamientos sobre el impacto fiscal, los proveedores locales y el alcance del régimen.

La iniciativa, desarrollada por YPF, la italiana Eni y la compañía emiratí XRG, contempla la producción y exportación de gas natural licuado (GNL).
El plan prevé desembolsos por US$ 25.000 millones entre 2027 y 2030, que serán financiados en un 70% mediante crédito internacional y el 30% restante con aportes de los socios del proyecto.
La iniciativa contempla la instalación de unidades flotantes de licuefacción frente a las costas de Río Negro, con una capacidad proyectada de producción de 12 millones de toneladas anuales de GNL. El objetivo es alcanzar exportaciones superiores a los US$ 9.000 millones por año.
Cuándo se firmará la decisión final de inversión
La Decisión Final de Inversión (FID) será formalizada el 30 de noviembre en el Palacio Libertad, luego de la aprobación unánime del proyecto por parte del directorio de YPF. Ese paso marcará la formalización de la decisión de avanzar con la iniciativa.
La incorporación al RIGI contempla los beneficios previstos por el régimen, entre ellos la estabilidad tributaria por 30 años, uno de los argumentos que el Gobierno utiliza para promover la llegada de inversiones de gran escala.


Los cuestionamientos al RIGI y su impacto económico
El régimen también genera críticas vinculadas con sus condiciones fiscales y el impacto sobre la actividad económica nacional. Uno de los cuestionamientos apunta a la posibilidad de que las empresas adheridas importen insumos sin impuestos, mientras los productores nacionales afrontan cargas tributarias más elevadas.
Otro de los puntos en discusión es la disponibilidad de divisas. El esquema permite a las empresas disponer de dólares provenientes de exportaciones a partir del tercer año, una condición cuestionada por quienes sostienen que una parte de esos ingresos podría no ingresar al circuito económico argentino.
También se señala que, de los aproximadamente US$ 50.000 millones anunciados en inversiones bajo el régimen, se habría aprobado cerca del 17,1%, con proyectos concentrados en minería e hidrocarburos.
Reclamos de proveedores y cuestionamientos ambientales
Entre las críticas al RIGI también aparecen los reclamos de pequeñas y medianas empresas, que cuestionan las condiciones de contratación y la posibilidad de que las compañías incorporen bienes importados que ya cuentan con producción local. En ese debate se mencionan las condiciones de compra y el caso de una ciudad modular importada desde China.
Asimismo, los cambios en los requisitos para definir a un proveedor nacional, que eliminaron exigencias vinculadas al capital argentino, generaron alertas en provincias con actividad minera e industrial.
En el plano ambiental y social, las críticas advierten sobre el acceso a recursos como el agua y el gas, y sus posibles efectos sobre otras actividades, como la agricultura y el consumo interno. También se cuestiona el alcance del empleo generado por proyectos extractivos, debido a que suelen concentrar la contratación durante la etapa de construcción y contar con plantillas operativas más reducidas.
La discusión por la soberanía y la defensa del Gobierno
Otro eje del debate está relacionado con la capacidad de las provincias para regular el uso de sus recursos naturales y negociar condiciones laborales. Desde sectores críticos del régimen se advierte que sus condiciones podrían limitar las facultades provinciales y profundizar la dependencia de inversiones vinculadas con la explotación de recursos.
El Gobierno nacional, por su parte, defiende al RIGI como una herramienta para atraer capitales, garantizar estabilidad tributaria durante 30 años y generar ingresos a partir de las exportaciones. En el caso de Argentina LNG, la apuesta está puesta en alcanzar una producción de 12 millones de toneladas anuales de GNL y ampliar la generación de divisas a partir de la actividad energética.

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