La Justicia modificó la calificación legal del hecho, impuso una pena condicional y dispuso el traslado inmediato a la frontera tras constatar la situación migratoria irregular del acusado.
El expediente judicial avanzó con un cambio clave en la calificación legal del hecho investigado: lo que en un inicio fue atribuido como robo pasó a encuadrarse como hurto, luego de que la investigación descartara la existencia de fuerza sobre las cosas o violencia sobre las personas. La causa se puso en marcha el 28 de enero de 2026 y se tramitó en el ámbito judicial de Río Negro.
Según la acusación, el hecho ocurrió el 27 de enero, cuando el imputado se apoderó de distintos objetos que se encontraban dentro de un vehículo estacionado en la vía pública, sobre calle Onelli casi esquina Gallardo. Entre los elementos sustraídos había dos valijas, una mochila, un bolso, una billetera con tarjetas bancarias, además de documentación personal.
El accionar fue advertido por la víctima al regresar al rodado, lo que dio inicio a una persecución. Durante ese trayecto, el imputado se descartó de parte de los elementos sustraídos y finalmente fue demorado con la colaboración de transeúntes, quedando a disposición del personal policial. La mayor parte de los objetos fue recuperada, aunque faltaron algunos efectos personales.
La modificación de la calificación legal se sustentó en registros fílmicos del sistema de emergencias, testimonios, la denuncia penal, el acta de procedimiento policial y la verificación de que el vehículo no presentaba signos de forzamiento.
Elementos probatorios y situación migratoria
En el marco de la investigación también se constató que el imputado no registra antecedentes penales computables en el país. Sin embargo, se verificó su permanencia irregular en el territorio nacional, situación que derivó en la intervención de la Dirección Nacional de Migraciones.
Como resultado de esas actuaciones administrativas, el organismo dispuso la expulsión del país y la prohibición de reingreso con carácter permanente. Personal de Migraciones estuvo presente en la audiencia judicial y ejecutó la orden de expulsión.
El traslado a la frontera se realizó bajo custodia de la Gendarmería Nacional, en cumplimiento de lo dispuesto por la autoridad competente.
Durante la audiencia, la Defensa Pública Penal indicó que el imputado fue detenido en flagrancia y que la discusión central se vinculó con la calificación legal del hecho, inicialmente evaluada incluso como tentativa.
Audiencia y resolución judicial
La Defensa explicó que, ante la manifestación de la víctima sobre la existencia de elementos no recuperados, como la billetera y la documentación personal, no correspondía sostener una figura más atenuada. En ese marco, informó que el imputado comprendió el alcance del acuerdo propuesto.
También se señaló que el acusado tomó conocimiento de las actuaciones administrativas relacionadas con su situación migratoria y de las consecuencias de la expulsión, prestando conformidad con la pauta que prevé su salida del país.
Consultado por el magistrado sobre la calificación legal y el monto de la pena, el imputado expresó su conformidad con el trámite de juicio abreviado.
Finalmente, el Juez de Juicio interviniente declaró la responsabilidad penal del imputado por el delito de hurto y le impuso una pena de cuatro meses de prisión de ejecución condicional, ordenando su traslado inmediato a la frontera para efectivizar la expulsión del territorio nacional.
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