La difusión de datos oficiales reactivó cuestionamientos sobre el acceso a financiamiento estatal por parte de las diputadas, con pedidos de informes para conocer las condiciones de los créditos otorgados.
Los nombres de Lorena Villaverde y Maira Frías quedaron en el centro del debate por el acceso a créditos hipotecarios del Banco Nación, luego de que datos de la Central de Deudores del Banco Central expusieran su endeudamiento en la banca estatal junto al de otros dirigentes nacionales.
Ambas integran el listado de dirigentes que obtuvieron financiamiento por montos superiores a los $200 millones, en un contexto económico marcado por el ajuste fiscal impulsado por el Gobierno Nacional. La situación derivó en cuestionamientos políticos y en la presentación de pedidos de informes para conocer en detalle las condiciones de otorgamiento.
En el caso de Frías, el crédito fue aprobado en septiembre de 2025 por un monto cercano a los $203 millones, cuando aún se desempeñaba en la ANSES de Comodoro Rivadavia y ya participaba como candidata. Según los registros, mantiene una deuda vinculada a un crédito hipotecario con el Banco Nación dentro de su situación financiera declarada.
Detalles de los créditos y cuestionamientos
La situación de Villaverde presenta particularidades adicionales que profundizan la controversia. La diputada rionegrina accedió a un crédito hipotecario cercano a los $227 millones a comienzos de 2025, destinado a la adquisición de una vivienda en Cipolletti. De acuerdo a lo que trascendió en ese momento, el trámite habría tenido un rechazo inicial en la sucursal local por no cumplir con los requisitos crediticios, y posteriormente se habría reactivado tras gestiones a nivel central del banco.
Ese aspecto se convirtió en uno de los ejes del debate, ya que la eventual intervención de autoridades superiores para destrabar la operación es interpretada por sectores opositores como un indicio de trato diferencial. A esto se suma otro punto señalado en pedidos de informes: la propiedad adquirida no figuraría en la última declaración jurada presentada por la legisladora ante el Congreso.
El caso de Villaverde, además, se inscribe en una trayectoria reciente atravesada por otras controversias políticas y judiciales, lo que amplificó el impacto del episodio. La discusión actual, sin embargo, se centra específicamente en los mecanismos de acceso al crédito y en la consistencia de los criterios aplicados por la entidad bancaria.
Otros casos y pedidos de informes
La polémica no se limita a estas dos diputadas. El relevamiento incluye a otros legisladores y funcionarios nacionales con deudas significativas en el Banco Nación, en algunos casos por cifras que superan los $400 millones.
En ese marco, la comparación con otros casos permite dimensionar la magnitud de los montos involucrados. Entre los legisladores patagónicos, la diputada santacruceña del justicialismo Ana María Ianni también registra endeudamiento con el Banco Nación, pero por un crédito cercano a los $60 millones, una cifra menor frente a los préstamos que superan los $200 millones otorgados a dirigentes oficialistas.
Frente a este escenario, desde la oposición se promovieron pedidos formales para que el Poder Ejecutivo y el Banco Nación detallen los criterios de evaluación, las garantías exigidas y la eventual existencia de líneas diferenciadas para funcionarios. El planteo apunta a determinar si las operaciones se ajustaron a parámetros habituales o si existieron excepciones.
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