El personal del Centro Atómico de Bariloche, dependiente de la Comisión Nacional de Energía Atómica, denunció retrasos salariales, suspensión de servicios médicos y la paralización de proyectos estratégicos. Además, cuestionan el plan del Gobierno nacional de privatizar parte del sector nuclear. A sus reclamos, se suman los CONICET y el Instituto Balseiro.
El Centro Atómico de Bariloche atraviesa una situación crítica que motivó a sus trabajadores a realizar una manifestación en la ruta 82, en cercanías al acceso al Cerro Catedral. El jueves pasado, integrantes de la institución llevaron adelante la medida en reclamo por mejoras salariales, la reactivación de proyectos estratégicos y la regularización de los servicios médicos, junto a trabajadores del Instituto Balseiro, el Conicet.
Rodolfo Sánchez, investigador del organismo y vocero de la Asamblea de Trabajadores, explicó que “nos hemos quedado muy atrás porque la inflación fue creciendo a un ritmo donde los salarios no acompañaron y tenemos una brecha bastante importante en lo que es el poder adquisitivo desde que está el gobierno de Javier Milei” (Radio de la Cordillera). Según detalló, las categorías más bajas de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) se encuentran “prácticamente rozando la indigencia”.
Además, la cobertura de salud se encuentra restringida. “Tenemos problemas con la obra social, está funcionando alternadamente, hay veces que funciona o no”, indicó Sánchez. A esta dificultad se sumó la suspensión del servicio médico en Pilcaniyeu y recientemente en Bariloche, lo que deja sin atención inmediata a los trabajadores en caso de accidente laboral.
Privatización de centrales nucleares
Otro de los puntos de conflicto es el anuncio de privatización parcial de las centrales nucleares. “El gobierno (…) puede llamar a privatización el 49 por ciento, así que en eso está llamando un 44 por ciento para que se privatice, que quede en manos privadas”, advirtió Sánchez.
El investigador señaló que la medida podría afectar la seguridad y el control estatal sobre un recurso estratégico: “La energía nuclear tiene que estar administrada por el Estado, no hay ningún caso en otro lado del mundo donde se estén dando estas situaciones”. Actualmente, Nucleoeléctrica Argentina administra Atucha I, Atucha II y Embalse Río Tercero, que abastecen aproximadamente el 7% del consumo energético del país.
Sánchez agregó que también existen planes de privatización de hidroeléctricas sobre el río Limay, lo que, en su visión, “se están desprendiendo de todo un recurso estratégico que es la producción de energía”.
El freno al reactor CAREM
Uno de los proyectos más afectados es el reactor modular CAREM, paralizado tras un 65% de avance en su construcción. El vocero señaló que se habían invertido cerca de 700 millones de dólares y restaban unos 300 millones para finalizarlo.
“Era un reactor de avanzada, fue el primer diseño que hubo en el mundo argentino, se tardó décadas porque nunca había plata, hasta que estuvo la decisión política de comenzarlo, y ahora este gobierno decidió pararlo”, afirmó. Según Sánchez, en paralelo se presentó en Estados Unidos una patente privada denominada NACR-300, lo que genera un proceso de migración de profesionales argentinos hacia empresas extranjeras.
Esta situación también repercute en la formación académica. El investigador sostuvo que “en el Instituto Balseiro hubo 60 renuncias de profesionales, con los cuales hay áreas que han quedado muy debilitadas”.
Reclamos concretos
Los trabajadores plantearon cuatro ejes principales en su petitorio: recomposición salarial urgente, reactivación y financiamiento de proyectos estratégicos, regularización de servicios médicos y un compromiso público para defender la CNEA y el plan nuclear.
Sánchez denunció además la cesión de recursos mineros: “El gobierno ha puesto a Reidel (…) prácticamente la entrega de todas las décadas de exploración que hizo la CONEA con su sector de minería, para encontrar las reservas de uranio en el país”. Según afirmó, el uranio hallado garantiza 150 años de funcionamiento de las centrales argentinas, pero podría ser explotado por empresas privadas bajo el esquema propuesto.
“Esta lucha y pelea para que no nos desguacen y no nos vacíen va a seguir”, concluyó Sánchez en diálogo con Radio de la Cordillera.
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