Un nuevo incendio afectó a la comunidad Huaytecas, ubicada en El Foyel, provincia de Río Negro. El hecho ocurrió el pasado martes 29 de julio y fue señalado como un atentado intencional por organizaciones de derechos humanos y por el Parlamento Mapuche Tehuelche.
La ruca comunitaria afectada cumplía funciones sociales dentro de la comunidad y había sido anteriormente el hogar de Mirta Ñancunao, referente local y vocera principal del Parlamento que nuclea a más de 180 comunidades indígenas en la provincia.
Según denunció Hugo Aranea, vocero del Parlamento Mapuche Tehuelche, se trata del tercer o cuarto incendio intencional registrado en la comunidad. “Este no es un hecho aislado, hay un patrón de ataques sistemáticos”, afirmó en diálogo radial.
Acusan a empresario forestal y complicidad estatal
Aranea apuntó directamente contra José Silverberg, empresario de Caleta Olivia, a quien acusa de impulsar un emprendimiento turístico de lujo sobre tierras comunitarias. El proyecto incluiría 60 cabañas, clínicas privadas y cancha de golf.
“Silverberg nunca vivió en la zona ni ejecutó un plan forestal como prometió. Lo único que impulsó fue un country para sectores ricos, a costa del territorio mapuche”, explicó el vocero.
Además, denunció la existencia de maniobras irregulares en la adquisición de tierras. Asegura que el empresario pagó parte de los terrenos con camionetas 4×4, una de las cuales terminó en manos del Servicio Forestal Andino, mientras que la otra fue secuestrada por tener documentación apócrifa.
Aranea también remarcó la complicidad del Estado provincial. “Funcionarios, la Dirección de Tierras y el Servicio Forestal facilitaron estas operaciones”, sostuvo.
Una política de odio y vaciamiento institucional
El Parlamento Mapuche Tehuelche enmarca el hecho en un contexto más amplio de violencia y racismo habilitado desde el discurso político. Aranea denunció una “política de odio y antimapuchismo” que alienta estos ataques.
También vinculó el avance sobre los territorios comunitarios con la derogación de leyes protectoras, como la Ley 26.160, y con el desmantelamiento del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).
“La impunidad con la que actúan estos grupos se debe al aval político. Lo mismo ocurrió en la comunidad de Cayunao, donde fue asesinado Díaz Garay por sicarios contratados”, señaló el dirigente.
Un llamado a la acción y a la defensa del territorio
Desde el Parlamento exigen a la Procuración de Río Negro una investigación urgente para identificar a los responsables materiales e intelectuales del incendio.
Además, alertan sobre una creciente ola de pedidos de desalojo contra comunidades indígenas, amparados en intereses inmobiliarios y en la especulación con recursos naturales como el agua.
“La defensa del territorio y del agua no es solo una causa del pueblo mapuche. Es una causa de toda la sociedad. Son bienes comunes, vitales para la vida”, concluyó Aranea.
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