La iniciativa busca garantizar la continuidad de las prestaciones, regularizar las deudas con los prestadores y establecer un régimen permanente de financiamiento. El dictamen se firmó en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Población y Desarrollo Humano.
El Senado de la Nación avanzó con el tratamiento del proyecto de Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad, que obtuvo dictamen en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Población y Desarrollo Humano. La iniciativa, que llegó en revisión desde la Cámara de Diputados, propone establecer un régimen permanente de financiamiento y prestaciones para las personas con discapacidad.
El encuentro se realizó a las 16 horas en el Salón Azul y estuvo encabezado por los presidentes de ambas comisiones, los senadores Agustín Monteverde, de La Libertad Avanza, y Alicia Kirchner, del bloque Justicialista.
Durante la reunión, Kirchner destacó la participación de los integrantes de las comisiones y señaló que la asistencia “denota la importancia y el interés del tema que estamos tratando”. También advirtió sobre los plazos para avanzar con la legislación: “El próximo 31 de diciembre vence la normativa vigente, por lo que me parece que es fundamental avanzar con su sanción a fin de garantizar a las personas con discapacidad la mayor cobertura posible”.
Qué propone la ley de fortalecimiento del sistema de discapacidad
El proyecto en revisión mantiene las principales garantías de la Ley 27.793 e incorpora un cronograma para regularizar las deudas con los prestadores. Entre sus principales puntos, establece la compatibilidad de las pensiones no contributivas con el empleo formal, bajo determinados límites de ingresos, garantiza la continuidad de Incluir Salud y fija un piso de financiamiento en términos reales.
Además, contempla la participación del Consejo Federal de Discapacidad (CoFeDis) en el diseño de las políticas públicas y establece garantías para las personas cuyos beneficios puedan ser suspendidos. En estos casos, incorpora un plazo de 60 días para presentar los correspondientes descargos.
Durante el plenario también se analizaron otras dos iniciativas del bloque Justicialista. Una, presentada por Anabel Fernández Sagasti, propone prorrogar la vigencia de la Ley 27.793 de Emergencia Nacional en Discapacidad. La otra, impulsada por Carlos Linares, plantea extenderla en todo el territorio nacional hasta el 31 de diciembre de 2027.
Linares explicó que decidió retirar su propuesta para facilitar el avance del proyecto en revisión. Al fundamentar su decisión, sostuvo que el texto aprobado por Diputados representa “lo más cercano que tenemos ahora”, aunque aclaró que “no es lo ideal”. También señaló que buscó “despejar las incertidumbres que tienen todos los colectivos de discapacidad”.
El dictamen y el debate por el financiamiento
El senador Bartolomé Abdala, de La Libertad Avanza, valoró el tratamiento parlamentario y señaló que la media sanción de Diputados debía ser debatida para alcanzar una solución. También destacó “la posibilidad de una ley permanente de orden público” y sostuvo que el oficialismo promovió el diálogo para consensuar un texto que fue aprobado por amplia mayoría en la Cámara baja.
La senadora Juliana Di Tullio coincidió con los cuestionamientos de Vigo y consideró que las iniciativas de Linares y Fernández Sagasti representan propuestas “más justas para las personas con discapacidad, muy maltratadas por este Gobierno”. Sin embargo, anticipó que su bloque acompañaría la firma del dictamen ante la proximidad del cierre del período de sesiones ordinarias.
Finalmente, la senadora Mariana Juri, de la UCR, destacó la posibilidad de avanzar con el dictamen y puso el foco en la necesidad de garantizar los recursos para implementar la futura ley. En ese sentido, planteó la importancia de coordinar con la Cámara de Diputados para que los fondos destinados al sistema “estén incluidos y garantizados” en las partidas del Presupuesto Nacional.
Al cierre del plenario, el proyecto en revisión fue puesto a la firma de los senadores para la emisión del correspondiente dictamen, con el objetivo de continuar su tratamiento legislativo.
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