El presidente del INTA, Nicolás Bronzovich, confirmó que el Gobierno analiza desafectar tierras que no tengan uso científico o tecnológico. Desde Apinta y ATE cuestionaron la medida y advirtieron sobre la venta de patrimonio público.
El Gobierno nacional confirmó que evalúa poner en venta 50.000 hectáreas del INTA, como parte de un relevamiento para determinar qué superficies están destinadas a tareas de investigación. El anuncio fue realizado por el presidente del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Nicolás Bronzovich, durante su participación en un panel de la Exposición Rural de Palermo.
Según explicó el funcionario, el organismo cuenta con unas 100.000 hectáreas distribuidas en todo el país y el objetivo es identificar cuáles cumplen una función científica o tecnológica. “Ya se desafectaron 15.000 hectáreas de las que teníamos asignadas”, sostuvo Nicolás Bronzovich, y agregó: “Solo unas 50.000 hectáreas tienen un real uso científico o tecnológico”.
Bronzovich también señaló que las tierras utilizadas con fines productivos aportaron al financiamiento del organismo, aunque planteó otra visión sobre ese esquema. “Las que tienen uso productivo hoy han sido un aporte al financiamiento del instituto, pero nosotros creemos poco en eso; creemos que los productores producen y los investigadores investigan”, afirmó Nicolás Bronzovich. En ese sentido, agregó: “Vamos a seguir relevando y mirando con qué necesidad estamos usando la tierra, si está necesariamente afectada a un proceso científico o tecnológico lo vamos a sostener. En el caso que no sea así, no vamos a tener problema en desafectarla del INTA”, indicó el presidente del organismo.
Gremios cuestionan la venta de tierras del INTA
Desde los gremios Apinta y ATE rechazaron la iniciativa y sostuvieron que detrás de la medida existe un interés inmobiliario. El secretario general de Apinta, Paulo García, cuestionó la decisión del Gobierno. “¿Por qué venderlas si al INTA entra más plata de la que se gasta para su funcionamiento? ¿Por qué hay que rematar las tierras que son un valor, un activo que no genera costos de mantenimiento? Esto es porque las quieren sacar a remate a un precio vil, hacer un negocio inmobiliario”, expresó Paulo García.
El dirigente también rechazó el argumento de que las tierras sin investigaciones activas no tengan utilidad. “Es engañoso decir que no se utilizan”, sostuvo Paulo García, al explicar que esos campos funcionan como reservorios de material genético. Además, señaló: “El INTA produce y adapta tecnologías y material vivo, es decir semillas y diferentes materiales vegetales, a las características climáticas y de suelo de cada una de las fito-regiones”.
García afirmó además que el organismo es autárquico y se financia mediante un impuesto a las importaciones, aunque aseguró que recibe menos de la mitad de lo que recauda. “Incluso se utilizaron 101 mil millones de pesos de un fondo propio de capacitación para pagar los retiros voluntarios. No tenemos un problema de déficit; la intención es solamente hacer un negocio inmobiliario para unos pocos”, concluyó Paulo García.
Antecedentes de ventas y recortes en el organismo
La propuesta se suma a otras medidas impulsadas por el Gobierno sobre el patrimonio del INTA. A fines de 2024, la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) anunció la subasta de inmuebles estatales, incluyendo un plan para vender 27.000 hectáreas distribuidas en 22 campos experimentales, bajo el argumento de que eran superficies improductivas.
En marzo de este año también se impulsó la subasta de más de 30 hectáreas del ex INTA AMBA en Ituzaingó, aunque el proceso fue frenado por la Justicia. En paralelo, el Gobierno concretó la venta del edificio del organismo ubicado sobre la avenida Cerviño, en Palermo.
Desde ATE, la referente Julieta Boedo vinculó la política de venta de tierras con el proceso de reducción del organismo. “Quieren un INTA desfinanciado y paralizado. Es parte de su estrategia de entrega decir que las tierras no se usan para investigación mientras vacían de profesionales el organismo”, sostuvo Julieta Boedo. Según el contenido difundido, estas medidas avanzan junto con una reducción del 15% de la planta del INTA, que incluye cerca de 2.000 despidos y retiros voluntarios, además del recorte de unos 80 programas de investigación.
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