El gobierno nacional inició un relevamiento sobre las tierras del INTA para definir cuáles pueden ser vendidas; actualmente, casi la mitad de las 101.500 hectáreas no tiene uso productivo y parte de ellas está en manos de asociaciones cooperadoras y una empresa mixta.
El gobierno nacional comenzó a relevar las más de 100 mil hectáreas en poder del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), con la posibilidad de avanzar en la venta de parte de ellas. La medida se enmarca en la última etapa de las facultades delegadas al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
El INTA posee alrededor de 101.500 hectáreas distribuidas en cien predios, de unas 1.000 hectáreas cada uno. De ese total, solo 54.000 están actualmente en uso efectivo, para producción agropecuaria o experimentación tecnológica.
Las 47.500 hectáreas restantes se encuentran sin uso productivo por distintos motivos: “imposibilidad de acceso físico o logístico; usurpaciones o conflictos de tenencia; falta de infraestructura básica para su explotación”, detallaron fuentes oficiales al mencionado medio.
No obstante, las tierras que podrían ser puestas a la venta no se limitarán exclusivamente a las que hoy están fuera de uso, sino que se analizarán todas las parcelas y se evaluará su condición para definir cuáles son prescindibles para las actividades del organismo.
Análisis caso por caso
La decisión sobre cuáles hectáreas serán vendidas dependerá también del estado legal de cada predio. Existen dos tipos de títulos: “donación con cargo” y “donación sin cargo”. Las primeras deben mantenerse bajo control estatal, mientras que las segundas pueden venderse.
“Si entre las que actualmente no se usan hay algunas que tiene ‘donación con cargo’, lo que impediría que el Estado se desprenda de ellas, y a los fines de experimentación es igual a una con ‘donación sin cargo’, por lo que se la podría vender, esa saldría a la venta y se traspasarían las actividades a una de las áreas de imposible venta”, explicaron fuentes del área.
Actualmente, unas 60.000 hectáreas están asignadas a Asociaciones Cooperadoras, entidades privadas vinculadas a las Estaciones Experimentales del INTA. Estas asociaciones colaboran en la gestión y comercialización de la producción, destinando lo recaudado a las actividades del organismo.
Desde el Ejecutivo aseguran que el control sobre el uso de estas tierras “fue históricamente escaso y poco transparente, con frecuente falta de presentación de balances contables, escasa supervisión y poca transparencia en los procesos de contratación”.
Empresas vinculadas y recursos
Otras 30.000 hectáreas están bajo la gestión de la empresa INTeA S.A., una sociedad con participación mayoritaria del INTA que desarrolla tareas productivas y tecnológicas. El resto de las tierras están en poder directo del organismo.
En paralelo, el gobierno avanza con una reforma estructural del INTA. Esta semana, se dispuso su transformación en un organismo desconcentrado bajo la órbita de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. Además, se reemplazó la conducción colegiada por una presidencia designada por el Ejecutivo, asistida por un Consejo Técnico ad honorem.
Sturzenegger justificó los cambios al señalar que “pone fin a una estructura sobredimensionada y opaca”. Según indicó, en abril de 2025 el organismo contaba con 6.059 empleados, “el doble que hace unos pocos años”, además de 2.403 vehículos, 1.611 celulares, 932 cargos jerárquicos y 450 sedes entre distintas unidades operativas.
Fondos y financiamiento
El presupuesto anual de gastos del INTA asciende a $224.000 millones. Sin embargo, los recursos asignados son significativamente mayores: $411.000 millones, provenientes de una contribución sobre importaciones y parte de la tasa estadística.
“El dato que expone el absurdo: que los $411.000 millones asignados en recursos al INTA equivalen al 47,5% de lo recaudado por retenciones al maíz”, escribió Sturzenegger en su cuenta de X.
Fuente: Diario La Nación
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