A pesar de los esfuerzos iniciales, la asistencia del Gobierno de Río Negro a las familias afectadas por el incendio en Mallín Ahogado ha sido calificada como insuficiente por vecinos y organizaciones locales, quienes denuncian demoras y falta de recursos. Además, a falta de un plan de manejo en el Área Natural Protegida Río Azul-Lago Escondido (ANPRALE) revela serias deficiencias.
El incendio que devastó Mallín Ahogado no solo dejó un saldo de pérdidas materiales y humanas, sino que también evidenció serias falencias en la gestión de las áreas protegidas y en la asistencia gubernamental. Uno de los puntos más críticos es la ausencia de un plan de manejo efectivo para el Área Natural Protegida Río Azul-Lago Escondido (ANPRALE), donde se originó el fuego. Aunque en 2020 se presentó una propuesta técnica para dicho plan, hasta la fecha no se ha implementado de manera integral.
“La falta de un plan de manejo en el ANPRALE no es solo una omisión administrativa, es un riesgo directo para las comunidades que conviven con estas áreas protegidas”, señalaron vecinos afectados. La ausencia de estrategias claras de prevención y respuesta dejó a Mallín Ahogado expuesto a un desastre que podría haberse mitigado con una gestión adecuada.
Por otro lado, las ayudas oficiales han sido insuficientes y excluyentes. Inquilinos y cuidadores, quienes también perdieron sus hogares y medios de vida, han quedado fuera de los programas de asistencia. “Pareciera que las ayudas están diseñadas solo para propietarios, ignorando que los inquilinos y cuidadores también son parte de esta comunidad y han sufrido igual o más”, expresó un referente local.
Mientras tanto, organizaciones y vecinos han tenido que suplir las carencias del estado mediante colectas y redes de solidaridad. Desde la entrega de donaciones hasta la organización de cuadrillas para salvar cultivos, la comunidad ha demostrado un compromiso que contrasta con la respuesta gubernamental4.
La tragedia de Mallín Ahogado pone en evidencia la necesidad urgente de implementar políticas públicas que incluyan a todos los sectores afectados y que fortalezcan la gestión de las áreas protegidas. Sin un cambio estructural, los riesgos y desigualdades seguirán siendo una constante en la región.
Sé el primero en comentar