El fiscal Gerardo Pollicita impulsó la acción penal tras una denuncia que apunta a un incremento patrimonial del funcionario.
El fiscal federal Gerardo Pollicita impulsó una investigación sobre el patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el marco de una causa por presunto enriquecimiento ilícito. La medida incluye el pedido de una batería de pruebas para analizar la evolución de sus bienes.
La decisión se basa en una denuncia presentada por la diputada Marcela Pagano, que plantea posibles inconsistencias entre los ingresos declarados por el funcionario y su patrimonio.
En ese sentido, el requerimiento sostiene que Adorni “habría incrementado su patrimonio de una manera desproporcionada en relación con sus ingresos legítimos como funcionario público”, según la denuncia citada por el fiscal Gerardo Pollicita.
El eje de la causa apunta a un presunto “desproporcional incremento patrimonial”, con “severas discrepancias entre las declaraciones juradas”, además de la posible “omisión de activos financieros y depósitos en el exterior”, de acuerdo a la presentación judicial.
Datos bajo análisis en la causa
Entre los elementos señalados, se menciona que el patrimonio del funcionario “habría experimentado un incremento del 500% en un único período fiscal”, junto con la declaración de dinero en efectivo y un nivel de endeudamiento.
Otro de los puntos en estudio es la posible existencia de un inmueble no declarado en la provincia de Buenos Aires.
Se trata de una vivienda en el Country Indio Cuá Golf Club, en el partido de Exaltación de la Cruz, que según la denuncia no figura en su Declaración Jurada Patrimonial Integral.
En ese marco, se advierte una posible “discordancia con la Declaración Jurada Patrimonial presentada ante la Oficina Anticorrupción”, donde el funcionario habría declarado únicamente dos propiedades.
Las medidas de prueba solicitadas
Para avanzar en la investigación, el fiscal solicitó un total de 12 medidas de prueba, orientadas a reconstruir la evolución patrimonial del funcionario.
Entre ellas, se incluyen pedidos de informes a registros de la propiedad, organismos nacionales y provinciales, la ANSES y la Oficina Anticorrupción.
También se requirió información sobre la titularidad de bienes, vehículos, participaciones societarias y eventuales operaciones financieras o inmobiliarias.
Además, el fiscal solicitó datos sobre posibles préstamos familiares mencionados en la denuncia, con el objetivo de verificar el origen de los fondos.
Definición judicial pendiente
La causa quedó ahora bajo análisis del juzgado federal a cargo de Ariel Lijo, que deberá resolver si da lugar a las medidas solicitadas.
Otra de las alternativas es que el magistrado delegue la investigación en el fiscal, quien avanzaría con las diligencias requeridas.
El objetivo del proceso es determinar si existe correspondencia entre los ingresos declarados por el funcionario y su patrimonio, o si se registran inconsistencias que justifiquen el avance de la causa.
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