La quita del impuesto a la importación de hojas de aluminio de bajo espesor reabre el mercado al ingreso del producto chino y genera preocupación en Chubut. La decisión impacta en Aluar, único productor del país, y se conoce tras el cierre de una planta de Fate.
El Gobierno de Javier Milei oficializó este lunes la eliminación de los impuestos a la importación de hojas de aluminio de poco espesor provenientes de China, un insumo utilizado de manera extendida en envases y envoltorios. La medida implica el levantamiento del arancel antidumping que regía desde 2020 y tiene impacto directo en Aluar Aluminio Argentino, la única productora primaria del país, con base en Puerto Madryn.
La decisión fue formalizada mediante la Resolución 172/2026, firmada por el ministro de Economía Luis Caputo, y establece que desde este lunes 23 de febrero la Aduana dejará de cobrar el recargo del 28% que gravaba estas importaciones. El esquema vencía el próximo 5 de marzo y, tras la revisión técnica, el Ejecutivo resolvió no renovarlo.
El levantamiento del arancel se da pocos días después del cierre de una planta de Fate, la principal fabricante de neumáticos del país, que dejó 920 trabajadores despedidos. Fate y Aluar pertenecen al mismo grupo empresario, controlado por Javier Madanes Quintanilla. Desde la administración nacional aseguran que detrás de ese cierre hubo una movida política y, en ese contexto, avanzaron con la quita de la protección comercial.
El arancel había sido impuesto el 5 de marzo de 2020, cuando el entonces Ministerio de Desarrollo Productivo, durante la gestión de Alberto Fernández, resolvió aplicar una alícuota del 28% por cinco años al considerar que las hojas de aluminio provenientes de China ingresaban al mercado local de manera desleal.
Los argumentos oficiales para levantar la protección
Según el informe del área de Comercio Exterior, “no surge margen de dumping para las operaciones de exportación hacia la República Argentina”, de acuerdo con lo consignado por el Ministerio de Economía. Ese fue el argumento central para cerrar el examen por vencimiento de plazo y dejar caer la medida, en línea con el Acuerdo Antidumping de la Organización Mundial del Comercio.
El Gobierno sostuvo que la continuidad del arancel podía favorecer la concentración del mercado. En ese sentido, el decreto remarca que “ALUAR pasó de una participación de 64% en 2019 a una de 91% en 2024”, según los datos oficiales utilizados para fundamentar la decisión.
La resolución también detalla la evolución de precios durante el período investigado. “La suba del precio relativo del foil de aluminio fue de entre 5% y 7% según la variedad representativa que se considere, y de 4% para el ingreso medio; al tiempo que el precio internacional del aluminio experimentó una baja del 16%”, señala el texto oficial.
Durante la vigencia del arancel, las importaciones desde China se redujeron de forma significativa y no superaron el 3% del total entre 2022 y 2025, un dato que para el Ejecutivo demuestra que la herramienta dejó de cumplir el objetivo correctivo para el que había sido diseñada.
Advertencias técnicas y preocupación en Chubut
Pese a la decisión final, el recorrido técnico no fue unánime. Un informe de la Comisión Nacional de Comercio Exterior (CNCE) advirtió que el reingreso de estas importaciones podría dañar a la producción nacional, al reproducir las condiciones que motivaron la aplicación original del arancel.
El organismo también señaló que el foil de aluminio impacta en “diversas cadenas productoras de bienes de consumo básico”, como alimentos, bebidas y medicamentos, además de su uso en membranas aislantes para la construcción. El producto representa entre el 3% y el 4% de la facturación total de Aluar, empresa que controla entre el 60% y el 65% del costo de producción del foil por ser la única fabricante de aluminio primario del país.
En Chubut, donde Aluar es el principal motor industrial de Puerto Madryn, la medida es observada con cautela. La apertura del mercado obliga al proveedor nacional a competir con oferta asiática en un escenario de recesión económica, con posibles efectos sobre la cadena productiva y el empleo regional.
En el plano político, la decisión también generó reacción. La diputada Roxana Monzón, de Unión por la Patria, presentó un proyecto para repudiar la medida y exigir su revisión. En los fundamentos, advirtió que “la eliminación de instrumentos de defensa comercial debilita aún más a la industria argentina frente a economías con fuerte respaldo estatal”, y sostuvo que “en un contexto de crisis económica y desempleo creciente, es obligación del Congreso defender la industria nacional”, según el texto presentado.
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