El juez federal Hugo Greca rechazó el pedido de medida cautelar de los ganaderos y respaldó la resolución del organismo sanitario nacional.
La Federación de Entidades Rurales de Río Negro sufrió un revés judicial en su intento de frenar la resolución del Senasa que habilita el ingreso de carne con hueso plano a la Patagonia desde zonas libres de fiebre aftosa “con vacunación”. El juez federal de Viedma, Hugo Greca, desestimó el pedido de medida cautelar al considerar que los argumentos presentados por la entidad ruralista no lograron desacreditar las razones técnicas del organismo nacional.
La resolución 460/2025 del Senasa, en vigencia desde fines de junio, marcó el fin de una barrera sanitaria que durante más de dos décadas dividió al país a la altura del Río Colorado. Esta modificación permite el ingreso al sur patagónico de cortes con hueso provenientes de provincias que aún vacunan contra la fiebre aftosa, como La Pampa. La medida generó una baja en los precios del asado en carnicerías de Río Negro y Neuquén, pero fue resistida por productores locales que consideran que pone en riesgo el estatus sanitario de la región.
En su presentación, la Federación de Entidades Rurales solicitó la suspensión provisoria de la resolución hasta tanto se resolviera el recurso administrativo que tramita ante el mismo Senasa. Argumentaron que la disposición es “inconstitucional” al interferir con normativas superiores y advirtieron que podría derivar en la reintroducción del virus en zonas consideradas libres sin vacunación, comprometiendo así la posibilidad de exportación de carne patagónica.
Sin embargo, el juez Greca rechazó esos planteos. Sostuvo que, al tratarse de un acto administrativo del Estado, se requiere una mayor rigurosidad en la prueba para suspender su vigencia. En ese sentido, valoró el informe técnico del propio Senasa que descarta riesgos sanitarios y señala que la fiebre aftosa no circula en el país, además de subrayar que las adecuaciones responden a criterios sanitarios y comerciales.
“La Federación no ha aportado elementos técnicos suficientes que menoscaben la contundencia del informe del Senasa”, indicó el magistrado. También remarcó que la solicitud ruralista se apoya en la presunción de un daño potencial, pero no acredita de forma fehaciente la verosimilitud del derecho que invoca.
Así, el fallo rechazó la medida cautelar solicitada, ratificando la validez de la resolución del Senasa y dejando firme la flexibilización de la histórica barrera sanitaria. El debate de fondo continúa abierto, pero por el momento la Justicia respalda la decisión del Estado nacional de avanzar en una nueva etapa en la política de sanidad animal en el país.
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