El Tribunal de Revisión declaró inadmisible el planteo del Ministerio Público Fiscal y ratificó la morigeración de la prisión preventiva del ciudadano ruso acusado en una causa por trata de personas.
El Colegio de Jueces de Revisión del Distrito General Roca resolvió rechazar la apelación presentada por la Fiscalía Federal y confirmó el arresto domiciliario para Konstantin Rudnev, imputado en una causa por presunta infracción a la Ley de Trata de Personas en Bariloche.
La decisión ratifica la medida adoptada el 23 de abril, cuando se dispuso la morigeración de la prisión preventiva, permitiendo que el ciudadano ruso continúe detenido bajo modalidad domiciliaria con condiciones específicas.
Rudnev, de 57 años, había permanecido más de un año alojado en una unidad penitenciaria de Rawson. Está acusado de delitos vinculados a una mujer embarazada de su misma nacionalidad y su nombre aparece relacionado con la organización Ashram Shambala.
La resolución implica que no será trasladado nuevamente a una cárcel, tal como había solicitado el Ministerio Público Fiscal en su recurso de impugnación.
El planteo fiscal y el conflicto por la detención
El eje del conflicto surgió tras la concesión del arresto domiciliario, que incluye el uso de tobillera electrónica, una caución personal y una fianza real de 30 millones de pesos.
Desde la Sede Fiscal Descentralizada de Bariloche cuestionaron la medida al considerarla “arbitraria”, señalando que el domicilio fijado no había sido verificado y que el monto de la fianza resultaba insuficiente frente a la capacidad económica atribuida a la organización investigada.
Además, el fiscal advirtió sobre el posible riesgo de fuga y el entorpecimiento del proceso judicial, argumentos que fueron parte del intento por revertir la decisión.
Sin embargo, el Tribunal de Revisión desestimó esos planteos y resolvió no habilitar la intervención de una instancia superior.
Los fundamentos del Tribunal de Revisión
En su resolución, los jueces sostuvieron que el arresto domiciliario no constituye una sentencia definitiva, ya que no pone fin al proceso ni impide que la investigación continúe.
También remarcaron el principio de libertad durante el proceso, en línea con la garantía de inocencia que rige en el sistema judicial argentino.
El fallo indicó que no se acreditó un perjuicio irreparable que justificara la revisión por parte de la Cámara Federal de Casación Penal.
En ese sentido, el tribunal afirmó: “En suma, el impugnante no ha demostrado la existencia de un agravio actual de tardía, imposible o insuficiente reparación ulterior que permita equiparar la decisión impugnada a un pronunciamiento de carácter definitivo ni se encuentra fundada ninguna cuestión federal ni arbitrariedad que habilite la intervención de la CFCP. En función de lo expuesto, corresponde declarar inadmisible la impugnación”, según la resolución judicial.
La situación actual del imputado
Con este escenario, Konstantin Rudnev continuará bajo detención domiciliaria mientras avanza el expediente judicial en su contra.
La Oficina Judicial de Bariloche fue notificada para garantizar el cumplimiento de la medida dispuesta por el Tribunal de Impugnación.
La defensa técnica, a cargo del abogado Martín Luis Sarubbi, logró sostener la vigencia de la medida cautelar morigerada, fijando domicilio en la localidad bonaerense de San Vicente.
La causa sigue en etapa de investigación y no se definió aún su resolución de fondo.
La postura de la defensa y el origen del caso
En declaraciones a Diario Río Negro, el abogado defensor sostuvo: “esto demuestra que ni siquiera se estaban aplicando correctamente las normas procesales argentinas”, Diario Río Negro, y vinculó la decisión judicial con debilidades en la acusación.
Sarubbi también cuestionó la existencia de pruebas: “No hay víctima, no hay evidencia concreta que sostenga el delito”, Diario Río Negro, y agregó que peritajes previos descartaron elementos considerados relevantes al inicio de la causa.
El caso se originó el 28 de marzo de 2025, cuando Rudnev fue detenido en el aeropuerto de Bariloche al intentar abordar un vuelo hacia Brasil junto a otros ciudadanos rusos.
La investigación comenzó tras una alerta del Hospital Ramón Carrillo, donde se detectaron irregularidades en el entorno de una joven rusa de 22 años que había dado a luz, aunque la mujer declaró ante la Justicia que no fue víctima de trata ni de una red de captación.
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