La trama narco que involucra a figuras del oficialismo revela una red de vínculos que contradice el discurso de “orden y ley” promovido por el Ejecutivo. Desde candidaturas hasta contratos estatales, el narcotráfico se entrelaza con la política argentina.
José Luis Espert, diputado nacional de La Libertad Avanza, renunció a su candidatura legislativa por la provincia de Buenos Aires tras conocerse un pago de U$D 200.000 por parte de Federico “Fred” Machado, acusado por vínculos con el narcotráfico y con pedido de extradición autorizado por la Corte Suprema de Justicia argentina.
La lucha contra el narcotráfico fue presentada como eje central por el gobierno de Javier Milei. Bajo el lema “Cárcel o Bala”, se desplegó una narrativa de guerra total. Sin embargo, los vínculos entre referentes libertarios y actores del negocio narco desdibujan esa retórica.
Durante su campaña presidencial de 2019, Espert utilizó aviones de Machado y mantuvo relación con Diego Spagnuolo, exdirector del ANDIS, señalado por corrupción. Francisco Oneto, abogado de Milei y defensor de Machado, aparece como nexo entre el poder político y el financista requerido por la justicia estadounidense.
Ante el escándalo, el oficialismo reemplazó a Espert por Diego Santilli, dirigente del PRO. Su gestión en el Ministerio de Seguridad bonaerense lo vinculó al caso “Scapolán”, que expuso la connivencia entre fiscales, policías y políticos en el robo y reventa de drogas incautadas.
Reacomodamientos internos y entramado mafioso
Cristian Ritondo, figura del bloque LLA-PRO, fue señalado por brindar cobertura política a esa estructura. La maniobra se interpreta como un movimiento interno del macrismo, que colocó sus referentes en alianza con el gobierno, inicialmente subordinados a Karina Milei y los Menem.
La justicia desplazó a Santilli y habilitó como cabeza de lista a Karen Reichardt, vedette de los años 90. La sucesión de escándalos expone una red de poder que sostiene los circuitos del narcotráfico y la especulación financiera, mientras se proclama el discurso del “orden”.
Mario y Rodrigo Lugones, ministro de Salud y operador político respectivamente, quedaron bajo la lupa tras la crisis por fentanilo contaminado que causó más de cien muertes entre mayo y septiembre de 2025. Los laboratorios HLB Pharma y Ramallo están siendo investigados por desvío de precursores químicos.
El Ministerio de Salud multiplicó contratos con farmacéuticas y empresas de logística bajo esquemas opacos. Ese circuito conecta con el lobby empresarial del entorno de Santiago Caputo, asesor presidencial y articulador político junto a Karina Milei.
Financiamiento privado y militarización interna
Eduardo Kovalivker, dueño de Suizo Argentina, fue señalado como principal financista del recital de Milei en el Movistar Arenas del 6 de octubre, con un costo estimado en 500 millones de dólares. Su empresa está implicada en coimas y contratos irregulares con Lugones.
La política regional del gobierno se articula con Estados Unidos bajo la “guerra al narcotráfico”. Desde 2024, los ministerios de Seguridad y Defensa impulsaron el despliegue de tropas en Rosario, Salta y Misiones, habilitando a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior.
La DEA participa directamente en el país, financiando y formando los Grupos Operativos Conjuntos (GOC) en el norte argentino. Informes oficiales reconocen que “sus miembros rinden cuentas a la DEA y no al Estado argentino” (Emilia Trabucco, Agencia NODAL).
La militarización avanza mientras se desmantelan mecanismos estatales de control sobre redes ilegales. La complicidad entre gobierno nacional y estructuras políticas, policiales y económicas locales profundiza la permeabilidad de las fronteras.
Puertos privados y represión social
La incorporación de Entre Ríos a la Hidrovía, anunciada por Milei, delega en el sector privado el dragado y gestión del tráfico fluvial. El corredor concentra más del 80 % del comercio exterior y se convierte en plataforma para la exportación de cocaína.
Investigaciones judiciales en Rosario y San Lorenzo señalan que “los puertos privados son menos permeables a la fiscalización estatal” y funcionan como nodos del negocio narco. La “competitividad” se traduce en cesión de soberanía sobre los ríos argentinos.
La narrativa del “terrorismo narco” justifica leyes que amplían facultades policiales y permiten allanamientos sin orden judicial. El proyecto de modificación del Código Penal presentado el 2 de octubre busca bajar la edad de imputabilidad a 13 años.
La creación del “Centro Nacional Antiterrorista”, anunciada el 7 de octubre, “articula fuerzas federales y servicios de inteligencia” (Emilia Trabucco, CLAE). La categoría de “terroristas” se utiliza para perseguir militantes, manifestantes y jóvenes de barrios populares.
Control total y subordinación política
La arquitectura represiva combina militarización, vigilancia digital y legitimación mediática. El modelo, denominado “Plan Cóndor 4.0”, se sostiene en la narrativa de la “seguridad” y en los intereses del capital financiero, farmacéuticas y agencias extranjeras.
Con Milei en la presidencia, esos actores ubican a sus representantes en los tres poderes del Estado. La alianza entre Estado, capital y crimen organizado opera desde la legalidad institucional y desde la ilegalidad.
Mientras se patrullan barrios pobres y se celebran incautaciones, los verdaderos circuitos del narcotráfico funcionan en los puertos privados, despachos ministeriales y vínculos empresariales. La guerra al narco, en definitiva, “no es contra las drogas: es contra los sectores que resisten un modelo de país subordinado” (Emilia Trabucco, IEC-CONADU).
¡Qué orden tan picante! Parece una comedia política con guion de narcotraficantes. El Cárcel o Bala suena bien en la publicidad, ¡pero el reality show dentro del gobierno es aún más caótico! Desde la guerra al narcotráfico hasta la militarización que parece más un reality show que una estrategia, todo está enmarcado bajo el disfraz del seguridad. Resulta gracioso ver cómo competitividad y orden se usan para desmantelar controles estatales, como si el narco fuera solo un minorista molesto. ¡Y la edad de imputabilidad bajada a 13 años! ¿Acaso los delincuentes están jugando al Monopoly y quieren empezar antes? Es un espectáculo de poder donde el Estado, el capital y el crimen parecen jugar al cuando nadie miraba. ¡Una obra de teatro de absurdo político-narco!アイム ノット ヒューマン ネタバレ