La fiscalía amplió las medidas de prueba en la causa por presunto enriquecimiento patrimonial injustificado del jefe de Gabinete y su esposa. Solicitó información sobre bienes, actividades laborales, movimientos en una vivienda de un country, una compra de muebles por más de $8 millones y posibles operaciones con criptomonedas.
La fiscalía que investiga el presunto enriquecimiento patrimonial injustificado del jefe de Gabinete Manuel Adorni y de su esposa, Bettina Angeletti, impulsó una nueva serie de medidas de prueba para reconstruir ingresos, bienes, gastos y movimientos patrimoniales bajo análisis.
Entre los requerimientos, el fiscal solicitó información sobre una causa que involucra al hermano del funcionario, documentación vinculada a actividades laborales de Adorni y Angeletti, registros de ingresos y egresos en una vivienda ubicada en un country, datos sobre la situación habitacional de la madre del vocero presidencial y detalles de una compra de muebles superior a los $8 millones.
Una de las medidas apunta a la causa por presunto enriquecimiento ilícito que tramita contra Francisco Jorge Adorni, hermano del funcionario nacional.
Investigación sobre actividades laborales y declaraciones patrimoniales
La resolución señala que el objetivo es determinar una eventual vinculación de ese expediente “con los extremos patrimoniales investigados” respecto de Manuel Adorni y Bettina Angeletti.
Además, el fiscal requirió al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires información sobre “todo vínculo, cargo, contratación, designación, locación de servicios, asesoría, función o actividad remunerada” que Manuel Adorni hubiera desempeñado en la Fundación Iberoamericana de Estudios Superiores entre 2017 y 2023.
También solicitó antecedentes administrativos, funciones desarrolladas y “la totalidad de la información relativa a remuneraciones, haberes, compensaciones, honorarios y/o cualquier otro concepto percibido”. El mismo pedido alcanza a Bettina Angeletti para el período comprendido entre 2018 y 2023.
La fiscalía además requirió conocer si ambos presentaron declaraciones juradas patrimoniales y, en caso afirmativo, acceder a copias de esa documentación.
Los movimientos en el country Indio Cuá
Otra de las medidas está vinculada al inmueble ubicado en el lote 380 del barrio privado Indio Cuá Golf Club.
El fiscal solicitó los registros de ingreso y egreso correspondientes al período comprendido entre noviembre de 2024 y agosto de 2025 para reconstruir “aspectos estrictamente patrimoniales vinculados con las reformas, acondicionamiento, provisión de materiales, amoblamiento y demás gastos que vienen siendo objeto de investigación”.
La medida busca identificar proveedores, contratistas, personal de obra, transportistas y empresas que hayan intervenido en trabajos o entregas relacionadas con el lote. También se pidió información sobre ingresos de mercadería, muebles, electrodomésticos y otros bienes, incluyendo destinatarios y personas que recibieron los envíos.
En paralelo, la fiscalía solicitó datos sobre Silvia Pais, madre de Adorni. A partir de publicaciones periodísticas, requirió a la administración de Fincas de Iraola 2 que informe si reside allí y, en caso afirmativo, desde cuándo y bajo qué modalidad ocupa el inmueble. También pidió conocer “el monto mensual pactado, la modalidad de pago convenida, si existieron pagos por adelantado” y acceder a la documentación respaldatoria.
Una compra de más de $8 millones y el capítulo cripto
Otra de las medidas surgió del análisis del teléfono celular de Matías Tabar. A partir de esa evidencia, el fiscal solicitó información a Industria Argentina del Descanso S.A., conocida comercialmente como Rosen The Store, sobre una factura emitida el 2 de junio de 2025 a nombre de Gisela Kocsis por $8.183.303,25.
La fiscalía pretende conocer “el medio de pago utilizado, fecha y modalidad de cancelación, identidad de la persona que efectuó el pago, cuenta, tarjeta, CBU, CVU, efectivo u otro instrumento empleado”. También requirió datos sobre el domicilio de entrega, quién recibió los productos y cualquier elemento que permita identificar al destinatario final de la operación.
Por último, la investigación incorporó un apartado vinculado a criptomonedas. El fiscal pidió a la Comisión Nacional de Valores (CNV) un relevamiento de empresas, plataformas, exchanges, billeteras virtuales y prestadores de servicios de activos digitales que operaron en Argentina desde 2012 hasta la actualidad, junto con información sobre la normativa aplicable en cada período y la existencia de registros formales de operadores de activos virtuales. Todas las medidas fueron ordenadas con un plazo de respuesta de 72 horas.
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