El juez federal Sebastián Casanello consideró acreditada la existencia de una asociación ilícita dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad y dictó el procesamiento de 19 personas, entre ex funcionarios y empresarios.
La Justicia federal avanzó este lunes en la causa que investiga presuntos hechos de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y dispuso el procesamiento de Diego Spagnuolo, ex titular del organismo, por delitos vinculados a sobornos, fraude al Estado e incompatibilidades en el ejercicio de la función pública, según la resolución firmada por el juez Sebastián Casanello.
El procesamiento alcanza también a Daniel Garbellini, quien ocupaba el segundo lugar en la estructura jerárquica de la ANDIS, y a los empresarios Miguel Calvete y Pablo Atchabahian, vinculados a droguerías. En total, la decisión judicial comprende a 19 personas, entre ex funcionarios, empleados del organismo y empresarios privados, con embargos sobre sus bienes.
El embargo más elevado fue impuesto a Spagnuolo y supera los 202 millones de pesos, una cifra que, según el magistrado, refleja la magnitud económica que habría tenido el entramado investigado. Los montos varían según el grado de participación que la Justicia atribuye a cada imputado.
Un esquema dentro del organismo
En el fallo, Casanello sostuvo que durante los primeros meses del gobierno de Javier Milei se montó “un entramado de corrupción institucional que tuvo su núcleo en el funcionamiento irregular de la Agencia Nacional de Discapacidad”, según consignó el juez en la resolución judicial. De acuerdo con el magistrado, el esquema se apoyó en la articulación entre operadores externos y funcionarios de máxima jerarquía.
El juez afirmó que estos actores actuaron de manera coordinada “en contra del interés general y a favor de negocios privados ilícitos”, de acuerdo al texto del fallo. Para Casanello, la ANDIS se convirtió en una “vía de enriquecimiento para los miembros de la organización”, en detrimento de su función principal.
En ese sentido, la resolución remarca que la finalidad pública del organismo, definida como “la protección y el cuidado de las personas en situación de discapacidad”, fue desplazada por prácticas orientadas a obtener beneficios económicos indebidos, según la valoración judicial.
La investigación describe presuntas maniobras de intermediación irregular, cobro de sobornos, direccionamiento de contrataciones y sobreprecios, en beneficio de empresas del sector farmacéutico y de provisión de insumos médicos, con un perjuicio para el Estado y para los sectores que debía asistir la ANDIS.
Una causa que sigue abierta
El fallo también advierte que la pesquisa no estaría agotada. Casanello señaló que “el esquema delictivo develado pareciera tener márgenes aún difusos y no agotarse en los hechos aquí probados”, lo que abre la posibilidad de nuevas líneas de investigación.
Según el juez, existen indicios de que dentro de la propia ANDIS el grupo habría extendido “la lógica de intermediación, privilegios y sobreprecios hacia otras áreas y actores”, lo que permitiría inferir una modalidad de funcionamiento sostenida en el tiempo.
La resolución agrega que “la extensión de los negocios, la importancia de las cifras y cierto desenfado —por ejemplo, al hacer caso omiso a quejas de empresarios desplazados o de funcionarios disconformes— sugieren que no se trató de algo encapsulado y que podría tener otro nivel de complicidades”, de acuerdo al texto judicial.
El procesamiento de Spagnuolo y de los otros 18 implicados representa un impacto para la administración nacional, al tratarse de hechos que, según la Justicia, se habrían producido en los primeros meses de gestión, y vuelve a poner bajo la lupa los mecanismos de control en áreas sensibles del Estado vinculadas a la asistencia social.
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