El proyecto ingresó en la Legislatura y plantea multas y capacitaciones obligatorias para los tutores. También establece la denuncia inmediata y reubicación de las víctimas.
Los casos de bullying y acoso escolar en las escuelas de Río Negro son recurrentes, y la provincia busca avanzar en una normativa específica para abordar la problemática. En ese marco, ingresó en la Legislatura provincial un proyecto de ley que establece la obligatoriedad de denuncia inmediata, la reubicación y asistencia a las víctimas, y la sanción a los padres o tutores de los alumnos que ejerzan este tipo de prácticas.
Entre los fundamentos del proyecto se indica que, según informes recientes, el 32% de los alumnos rionegrinos manifiestan sentirse discriminados en la escuela, mientras que más del 60% afirmó haber sufrido algún tipo de agresión.
El autor de la iniciativa es el legislador libertario César Domínguez, quien propuso una ley que contemple distintas medidas frente a los actos de acoso escolar. El proyecto deberá tomar estado parlamentario y pasar por las comisiones legislativas antes de llegar al recinto para su debate.
Multas y capacitaciones para los padres o tutores
La propuesta plantea que los padres, madres o tutores de niños o adolescentes notificados por ejercer “actos de acoso, hostigamiento, discriminación o violencia física o psicológica” y que “no adopten medidas razonables y efectivas tendientes a cesar dicha conducta” sean sancionados.
El proyecto prevé una multa económica equivalente a 30 JUS, la unidad de medida judicial que hoy ronda los 65.000 pesos cada uno, lo que implica una sanción cercana a los dos millones de pesos.
Además, establece que los tutores deberán asistir de manera personal a talleres o espacios formativos que brinde el Ministerio de Educación, el Consejo Provincial de Educación (CPE) u otras áreas designadas. Las temáticas incluirán derechos del niño, convivencia escolar, responsabilidad parental y prevención de la violencia.
Se aclara que “la sanción no será aplicable si se acredita que el adulto responsable actuó con diligencia razonable o si la omisión se debió a circunstancias de fuerza mayor o razones de salud debidamente justificables”, según el texto del proyecto.
Denuncia inmediata y resguardo de las víctimas
El proyecto también establece la obligatoriedad de que las autoridades educativas realicen una denuncia inmediata ante casos de acoso escolar, y que se garantice “el traslado urgente del estudiante afectado a otro establecimiento educativo, como medida de resguardo de su integridad física y psíquica”.
La denuncia deberá concretarse dentro de las 24 horas ante el CPE, el Consejo de Niñez, Adolescencia y Familia, u otro organismo de protección de derechos competente. En caso de que los hechos configuren un presunto delito, deberá realizarse también ante la autoridad judicial.
El texto indica que la dilación u omisión de la denuncia será considerada una falta grave, pasible de sanciones administrativas previstas en el Estatuto Docente, además de responsabilidad civil por daños y perjuicios, y penal conforme al Código Penal, cuando corresponda.
Próximos pasos legislativos
El proyecto de Domínguez deberá ser analizado por las comisiones correspondientes para definir su viabilidad y posibles modificaciones antes de llegar al debate en el recinto.
De aprobarse, la normativa buscará establecer un marco legal específico en Río Negro para la prevención, sanción y abordaje integral del acoso escolar, combinando herramientas judiciales, educativas y familiares.
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