Legisladores de ambas provincias cuestionaron la apertura de ofertas para la concesión de cuatro centrales hidroeléctricas y sostuvieron que se trata de “una entrega” que excluye a los distritos dueños del recurso. Presentaron un amparo judicial que fue rechazado.
Los senadores de Río Negro y Neuquén difundieron un documento donde advierten que la privatización de las centrales hidroeléctricas del Comahue constituye “un nuevo despojo de recursos estratégicos construidos con esfuerzo y fondos públicos”, según expresaron en un texto firmado por Oscar Parrilli, Silvina Larraburu, Silvia Sapag, Martín Doñate, Martín Soria y Ana Marks.
Sostuvieron que la apertura de las ofertas económicas, que suman 684 millones de dólares, confirma que “no se trata de una venta, sino de una entrega a precio vil a empresarios amigos del presidente”, afirmaron los legisladores.
Las centrales fueron construidas por el Estado a través de Hidronor con una inversión estimada de 20.000 millones de dólares, y el paquete accionario fue vendido en los años 90 por más del doble de lo que se ofrece en la actualidad. Según denunciaron, el gobierno repite un esquema “sin precio base técnico” que, a su criterio, habilita la subvaluación.
Los senadores remarcaron que el proceso excluye una “participación provincial sustantiva”, replicando el modelo de los 90 que, según el escrito, “solo sirvió para que las empresas extraigan ganancias sin invertir”.
Ofertas económicas cuestionadas
Los legisladores citaron una estimación de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), según la cual el valor real de los activos es de 5.138 millones de dólares. Las ofertas recibidas, señalaron, no alcanzan el 15% de ese monto.
Afirmaron que se trata de “un remate disfrazado de licitación, donde el Estado no fija un piso y los oferentes ponen lo que quieren”, mientras que el Tribunal de Tasaciones de la Nación quedó fuera del proceso.
También remarcaron que, a diferencia de empresas internacionales como AES y ENEL, ahora ingresan grupos locales vinculados al gobierno. Entre ellos mencionaron a MSU Energy, Edison Inversiones y Central Puerto, lo que interpretan como parte de “la consolidación de un modelo de negocios donde los recursos públicos pasan a manos de un círculo íntimo de capitales concentrados”.
Críticas por la exclusión de las provincias
El documento sostiene que Neuquén y Río Negro, titulares originarios de los ríos según el artículo 124 de la Constitución Nacional, fueron “marginadas deliberadamente”. Según el texto, las provincias reciben una participación simbólica sin capacidad de veto ni injerencia operativa.
Los legisladores apuntaron que Neuquén perdería su 30% en El Chocón, un activo que generaba dividendos superiores a los ingresos por regalías.
En el escrito indican que el pliego no exige reinversión, ampliación de obras ni infraestructura para riego. En este punto advierten que, en tres décadas de concesión privada, no se realizaron trabajos para ampliar la superficie irrigada, a pesar de lo establecido por el Código de Aguas de Río Negro.
También señalan que el Estado mantiene una deuda con la región, ya que las represas podrían habilitar el desarrollo productivo de nuevas áreas, aunque esa posibilidad no fue impulsada por los privados.
Acusaciones por falta de reinversión y fuga de divisas
El texto recuerda que entre 2016 y 2021 las empresas concesionarias fugaron más de 150 millones de dólares, según datos del Banco Central. Mencionan que Central Puerto y ENEL lideraron ese proceso.
Sostienen que el nuevo esquema de licitación mantiene ese modelo, ya que no obliga a reinvertir utilidades ni a destinarlas a mejoras del sistema.
Los senadores remarcaron que los activos fueron construidos con fondos públicos y que la continuidad de este esquema profundiza “la descapitalización del país” y compromete, según el documento, la soberanía energética y financiera.
Presentación de un amparo judicial
Los legisladores informaron que presentaron una acción de amparo con medida cautelar de no innovar para intentar frenar el avance de la licitación. Indicaron que la demanda se fundamenta en la presunta violación del artículo 19 de la Ley 23.696, que exige una tasación previa antes de una privatización.
También expusieron la exclusión de las provincias titulares del recurso hídrico, lo que consideran contrario al artículo 124 de la Constitución Nacional, y denunciaron una presunta subvaluación y falta de transparencia en el proceso.
Según explicaron, el Poder Judicial no dio lugar a la medida. “El Estado no puede regalar lo que le pertenece al pueblo. Las represas deben volver al Estado Nacional y ser gestionadas por ENARSA junto a las provincias”, concluyeron los firmantes del documento.
Por Diario Infochucaoredaccion@infochucao.com
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