La abogada de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia cuestionó el proyecto del Gobierno para reducir la edad de punibilidad a 13 años y advirtió que no existen pruebas de que esa medida disminuya el delito.
El proyecto de ley para reducir la edad de punibilidad de 16 a 13 años volvió al Congreso. Impulsado por el Gobierno Nacional, busca reformar la Ley 22.278 como parte de una estrategia frente al delito juvenil. La propuesta reactiva un debate recurrente, pero sin respaldo sólido, según advierten desde organismos especializados en niñez.
Silvina Karakasis, abogada de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de la provincia de Río Negro (SENAF) sede El Bolsón, cuestionó el enfoque elegido por el Ejecutivo. “La punibilidad es una decisión política de los Estados, es el hecho de definir a partir de cuándo se va a castigar a una persona”, afirmó en una entrevista con FM 105.5 “La Radio de la Cordillera”.
La abogada recordó que este tipo de iniciativas no es nueva: “Desde hace aproximadamente 25 años cada tanto aparece esta discusión, se intenta bajar la edad para que las personas puedan ingresar al sistema penal y castigarlas en caso de que se compruebe”. Según explicó, los intentos anteriores presentaron distintas edades y niveles de garantías, sin resultados que avalen su efectividad.
“Hubo muchos proyectos con distintas edades, con mayores o menores garantías”, señaló, remarcando que ninguno logró establecer una relación clara entre la baja de edad y una disminución del delito.
“No está comprobado que bajar la edad disminuya los delitos”
Uno de los principales argumentos de Karakasis es la falta de evidencia sobre el impacto de este tipo de medidas. “No está comprobado bajo ningún punto de vista que bajar la edad de punibilidad disminuya los delitos y menos que garantice derechos”, sostuvo.
La abogada remarcó que detrás de esta discusión subyace una disputa más amplia sobre el rumbo de las políticas públicas. “Es una decisión del Estado castigar o garantizar derechos”, expresó.
En ese sentido, mencionó datos que reflejan la vulnerabilidad estructural que atraviesan muchos niños, niñas y adolescentes en el país: “El año pasado un informe de UNICEF marcó que en el país un millón y medio de niños y niñas adolescentes se van a dormir sin cenar”.
“El 82,7 % de los delitos de personas menores de edad son contra la propiedad”
Consultada sobre los tipos de delitos cometidos por menores, Karakasis citó estadísticas de la Corte Suprema correspondientes a 2023. “El 82,7 % de los delitos de personas menores de edad son contra la propiedad, no contra las personas”, indicó.
También puso el foco en el perfil de quienes ingresan al sistema penal juvenil: “Las personas menores de edad que ingresan al sistema penal no son cualquier tipo de personas. Son en su mayoría de bajos recursos, migrantes, muy estigmatizadas y con pobrezas multidimensionales”.
Para la abogada, avanzar en un modelo punitivo implica reforzar una lógica de daño. “Es necesario entender que el castigo es igual a dolor. La cárcel es cárcel, no hay lindas y feas, y siempre aplica dolor”, advirtió.
“De eso estamos hablando: de infringir dolor en vez de garantizar derechos. Hoy se plantea que el Estado debe desaparecer, que se tiene que correr y que las personas se arreglen como puedan”, agregó.
Un sistema penal juvenil con recursos limitados
Karakasis explicó que el sistema penal juvenil debería regirse por el principio de especialidad, tal como lo establecen normas y tratados internacionales. “Se supone que para las personas menores de edad rige el principio de especialidad, donde se puedan resolver los conflictos de otra manera”.
Sin embargo, aclaró que en muchos casos esto no ocurre por falta de presupuesto y estructura. “Argentina no tiene presupuesto para aplicar el principio de especialidad. En Río Negro, por ejemplo, no existen fiscalías especiales que trabajen con adolescencias”, afirmó.
Además, alertó sobre la escasa respuesta del Estado frente a las víctimas menores de edad. “La cantidad de víctimas menores de edad es mucho mayor que la cantidad de personas menores que se supone cometieron delitos, y con las víctimas el Estado no hace nada”, dijo.
“No es que no pasa nada”
Respecto a los adolescentes mayores de 16 años, Karakasis aclaró que sí pueden ser procesados penalmente si la fiscalía lo determina. En esos casos, se aplican procesos judiciales con ciertas diferencias respecto al sistema penal de adultos.
“Ahí sí aparece la especialidad, el Poder Ejecutivo todavía la tiene, aunque no sé cuánto tiempo más va a durar…”, reflexionó.
Las sanciones posibles incluyen medidas como el programa de “Libertad Asistida” o la reclusión en centros socioeducativos. “No es que no pasa nada, esto de que entran por una puerta y salen por la otra”, remarcó.
Sobre la situación en la provincia de Río Negro, indicó que los casos judicializados se concentran en zonas puntuales: “En Viedma la circulación de armas y el narcotráfico es grave, y nosotros desde el organismo el año pasado lo advertimos”.
En el cierre de la entrevista, Karakasis aludió al marco normativo internacional que rige en Argentina desde la reforma constitucional de 1994. “La Convención Internacional de los Derechos del Niño dice que no se pueden dictar leyes regresivas y bajar la edad de punibilidad es una medida regresiva, y eso está prohibido”, concluyó.
Sé el primero en comentar