La medida, que sería oficializada antes del 8 de julio, incluye la eliminación de entes clave en transporte y seguridad vial. Las funciones serán absorbidas por la Gendarmería, la Secretaría de Transporte y una nueva agencia de control.
El Gobierno Nacional se encuentra ultimando los detalles de un decreto que implicará un cambio drástico en la estructura del Estado en materia de movilidad y transporte. El texto legal, que podría publicarse en el Boletín Oficial en los próximos días, prevé la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial.
El plan responde a la agenda de reformas impulsada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, liderado por Federico Sturzenegger, y tiene como fecha límite el 8 de julio, cuando vencen las facultades delegadas al Ejecutivo Nacional para realizar reestructuraciones por decreto. El objetivo declarado es reducir la superposición de funciones, aumentar la eficiencia administrativa y achicar el gasto público.
La desaparición de Vialidad Nacional
Uno de los puntos más significativos del decreto será la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), organismo encargado históricamente del mantenimiento y desarrollo de las rutas nacionales. La entidad, que actualmente cuenta con más de 5.300 empleados —de los cuales unos 1.500 ocupan cargos jerárquicos—, dejará de existir como tal.
A partir de la disolución, el Ministerio de Economía será el nuevo organismo responsable de otorgar concesiones de obras e infraestructura vial, así como del mantenimiento del sistema troncal de caminos nacionales. Además, se prevé la transferencia de todos los activos financieros, letras del Tesoro, títulos públicos, compromisos y contratos en manos de la DNV a cuentas que serán designadas por la Tesorería General de la Nación.
Durante la etapa de transición, la planta de personal se mantendría temporalmente, al igual que las estructuras organizativas vigentes, hasta que se definan los pasos concretos para su reubicación o cese.
Control del tránsito en manos de Gendarmería
Otro cambio central será la transferencia de las funciones de fiscalización y control del tránsito terrestre a la Gendarmería Nacional. Esta fuerza de seguridad pasará a encargarse del control de infracciones, operativos viales, tareas de prevención y seguridad en rutas nacionales, pasos fronterizos y Áreas de Control Integrado (ACI).
La decisión incluye la eliminación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), que hasta ahora gestionaba el sistema de scoring, los registros nacionales de licencias y antecedentes de tránsito, entre otras funciones. Estos registros, junto con los convenios vigentes con provincias y municipios, serán absorbidos por la Secretaría de Transporte, que también se encargará de la formación en seguridad vial.
El argumento oficial para esta transferencia es que la Gendarmería cuenta con la capacidad operativa y territorial para asumir esas tareas, y que en los últimos años ya venía desarrollando funciones similares, especialmente en zonas fronterizas.
CNRT y más organismos en la mira
La Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) también será eliminada. Este organismo tenía a su cargo el control de operadores de transporte automotor y ferroviario, la fiscalización de talleres de Revisión Técnica Obligatoria (RTO) y la supervisión del transporte de cargas y pasajeros a nivel nacional. Según el Ejecutivo, muchas de estas funciones se solapaban con tareas de la Subsecretaría de Transporte Automotor, que ahora asumirá parte de esas competencias.
Además, se prevé la creación de una Agencia de Control de Concesiones de Transporte, un nuevo ente que absorberá las tareas de control y fiscalización de las concesiones tanto viales como ferroviarias. Esta agencia también sería responsable del cobro de tasas, aranceles y derechos vinculados al transporte terrestre.
Cambios en la investigación de accidentes
El decreto incluirá también modificaciones en la Junta de Seguridad en el Transporte, que dejará de ocuparse de incidentes automotores y ferroviarios, y pasará a enfocarse exclusivamente en el sector aéreo. El nuevo organismo se denominará Agencia de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación, con competencias limitadas a la aviación civil.
Críticas y preocupación
Aunque todavía no se ha publicado el decreto, el anticipo de estas medidas ya generó inquietud en diversos sectores, especialmente entre sindicatos y especialistas en seguridad vial e infraestructura. Se advierte que la disolución simultánea de varios organismos clave puede generar vacíos operativos, afectando el control del tránsito, la planificación vial y la seguridad en rutas y terminales.
También hay dudas respecto a la capacidad de la Gendarmería para asumir nuevas funciones sin afectar su rol central en la seguridad interior, así como sobre la continuidad de programas y convenios provinciales hoy vigentes con la ANSV o la CNRT.
El Gobierno, por su parte, insiste en que estas reformas permitirán una mayor eficiencia, con menor gasto y mayor control, en línea con su política de achicamiento del Estado y reorganización funcional.
De concretarse en los próximos días, estas modificaciones marcarán una de las transformaciones más profundas en la estructura del transporte argentino de las últimas décadas.
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