Las normas que declaran la emergencia pediátrica y actualizan los presupuestos de universidades públicas recuperan vigor tras el rechazo de los vetos del Ejecutivo. La expectativa ahora se centra en los próximos movimientos del Gobierno.
El Senado rechazó este jueves los vetos del presidente Milei a las leyes que declaran la emergencia pediátrica y que actualizan y blindan los presupuestos de universidades públicas. La primera norma obtuvo 59 votos positivos, mientras que la segunda consiguió 58 adhesiones, superando el quórum de los dos tercios necesario para insistir en las leyes.
El resultado representa una derrota del Gobierno, que días atrás había dilatado el giro de fondos para la reactivada norma sobre discapacidad. La discusión de los vetos se dio de forma conjunta, aunque la votación fue separada.
Emergencia pediátrica
En la ley de emergencia pediátrica se establece la “asignación prioritaria e inmediata de recursos presupuestarios para bienes de uso y consumo, insumos críticos, mantenimiento de infraestructura, medicamentos, vacunas, tecnologías médicas y personal esencial destinados al cuidado y atención pediátrica en el país”.
Asimismo, se dispone la “recomposición inmediata de los salarios del personal de salud asistencial y no asistencial que atiende a la población pediátrica con criterios de equiparación y reconocimiento por funciones críticas”, incluyendo “a los residentes nacionales de salud de todas las especialidades que se desempeñan en efectores de salud pediátricos y no pediátricos”. La recomposición no podrá ser menor a la que recibían en términos reales en noviembre de 2023.
Otro punto contempla la eximición del pago de ganancias para el personal de salud que realice actividades críticas, horas extras y guardias. Además, se declara al Hospital de Pediatría ‘Prof. Dr. Juan P. Garrahan’ como hospital de referencia nacional en atención pediátrica de alta complejidad. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el impacto fiscal de julio a diciembre sería de $65.573 millones.
Ley de universidades públicas
La normativa universitaria establece la actualización de los gastos de funcionamiento de las universidades públicas al 1 de enero de 2025, según la variación acumulada del IPC informado por el INDEC entre el 1º de mayo y el 31 de diciembre de 2024, con subas bimestrales para el corriente año.
Además, el Ejecutivo deberá actualizar los salarios de docentes y no docentes entre el 1/12/2023 y la sanción de la ley, en un porcentaje que no puede ser inferior al IPC en el mismo período, asegurando que todo incremento sea remunerativo y bonificable.
La ley establece también la convocatoria obligatoria a la negociación paritaria con periodicidad máxima de tres meses, garantizando actualizaciones mensuales no inferiores a la inflación publicada por el INDEC, tanto para personal docente como no docente.
Reacciones y expectativa
En el Senado, las abstenciones provinieron de los macristas Alfredo De Ángeli, Martín Goerling y Victoria Huala, además de la radical Carolina Losada en la votación universitaria. La vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel, supervisó la votación que permitió insistir en ambas leyes.
Con la recuperación de las normas, se aguarda la reacción del Gobierno respecto al financiamiento de los hospitales pediátricos y universidades públicas, en un escenario de tensión sobre el manejo de los recursos y las prioridades presupuestarias.
Sé el primero en comentar