Ya es ley la expropiación del barrio Lujancito: “El objetivo principal fue frenar el desalojo”, afirmó Leandro García

El legislador provincial del PJ, Leandro García, confirmó la sanción de la ley que expropia las tierras del barrio Lujancito en El Bolsón para uso exclusivo de vivienda social. El proyecto apunta a regularizar el territorio y permitir la planificación estatal del área.

El barrio Lujancito de El Bolsón ya cuenta con una ley de expropiación aprobada por la Legislatura de Río Negro. El legislador Leandro García, autor del proyecto, confirmó que la norma contempla la incorporación del lote 20, inicialmente excluido en la ordenanza original, y explicó que fue clave para incluir a todas las familias asentadas.

“Logramos que se convierta en ley. Entre la primera y segunda vuelta hubo un trabajo vinculado a incorporar el lote 20”, afirmó García en diálogo radial, y remarcó: “Tiene que ver con una mirada del Estado para resolver un conflicto territorial.”

El legislador reconoció que hubo objeciones al uso de esta herramienta, pero sostuvo que “una vez que las familias están constituidas y el barrio también, es fundamental que el Estado asuma el rol de organizador.”

La ley permitirá que el municipio pueda planificar, mensurar, generar calles y garantizar acceso a servicios básicos, lo cual hasta ahora no era posible sin la titularidad del terreno.

El foco en frenar el desalojo y avanzar en regularización

A pesar de la sanción de la ley, el proceso judicial de desalojo aún se mantiene vigente. “Hoy el desalojo sigue vigente porque es una causa civil que corre en paralelo”, explicó García. No obstante, consideró que con la ley sancionada, “la justicia tiene todos los elementos para frenarlo.”

“El objetivo principal de esta ley fue frenar el desalojo y empezar un esquema de trabajo con el municipio y los organismos de servicios públicos”, sostuvo, mencionando tareas como mensuras, registros de residentes y conexiones formales.

Además, aclaró que la expropiación tiene como fin único la vivienda social y familiar: “No es que alguien puede estar asentado si tiene otra vivienda o pretende otro uso del lote.”

García remarcó que el paso siguiente será la planificación en etapas con el municipio y organismos como el Ente Provincial Regulador de la Energía (EPRE) para avanzar en la infraestructura y urbanización del barrio.

Estado ausente, construcciones detenidas y un nuevo marco legal

Muchos vecinos no avanzaban en sus viviendas por temor al desalojo. “No querían ni siquiera poner un ladrillo”, contó García, y agregó: “Otros tantos sí han avanzado porque viven ahí, pero con mucha incertidumbre.”

El legislador vinculó esta situación con la falta de soluciones habitacionales en El Bolsón: “Hace muchos años no se construyen alternativas, y hoy un trabajador municipal o un emprendedor no tiene ningún mecanismo para acceder a un lote.”

Con la ley sancionada y a la espera de la promulgación, García informó que se trabaja en una mesa de consenso con el asesor legal del municipio. El objetivo es diseñar un proceso de regularización que habilite al Estado a asumir su rol: “Es el Estado organizando un barrio en el que nunca se metió.”

La normativa habilita además un proceso de negociación entre el municipio, como sujeto expropiante, y los expropietarios, para definir los pasos de urbanización.

El Bolsón, sin planificación ni inversión habitacional

Consultado sobre la situación habitacional general de El Bolsón, García apuntó contra la falta de planificación del IPPV y el freno del plan Procrear en la zona de la Sierra de Gendarmería. “Falta asumir como prioridad esta materia y construir consensos políticos.”

El legislador propuso definir con claridad si se ampliará el ejido o se densificará el existente, y afirmó que la municipalidad debe liderar esa decisión. “Esto requiere articulación política entre todos los sectores y niveles del Estado.”

Además, mencionó el caso de Mallín Ahogado, donde hay más de 300 predios fiscales sin adjudicar desde hace décadas. “Familias que están hace más de 50 años aún no tienen título. El Estado no puede seguir sin anticiparse ni planificar.”

“Si el Estado no planifica, los conflictos territoriales se vuelven más complejos y más difíciles de resolver”, concluyó García.

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