El proyecto impulsado por el Gobierno de Javier Milei propone limitar la protección ambiental y habilitar actividades productivas en áreas hoy resguardadas, lo que genera rechazo en la oposición y en sectores ambientalistas.
El debate por la Ley de Glaciares vuelve al centro de la agenda política nacional y promete marcar el pulso de las sesiones extraordinarias. El Gobierno de Javier Milei impulsa en el Congreso una reforma de la norma 26.639 que busca redefinir los criterios de protección ambiental y reactivar la discusión sobre el equilibrio entre proyectos extractivos y resguardo de las reservas hídricas.
Desde el bloque de La Libertad Avanza, el argumento principal apunta a eliminar lo que definen como “inseguridad jurídica”, una caracterización atribuida al oficialismo, que considera que el marco actual desalienta inversiones en sectores vinculados a la megaminería y los hidrocarburos.
El proyecto en análisis propone limitar el alcance de la protección ambiental únicamente a los glaciares que cumplan una “función hídrica efectiva y estratégica”, definición textual utilizada por el bloque oficialista para justificar la modificación del criterio de resguardo.
La iniciativa, que podría llegar al recinto el martes 10 de febrero, también plantea habilitar actividades productivas en zonas hoy protegidas y devolver mayor potestad a las provincias sobre sus recursos naturales, un reclamo sostenido por distritos con potencial minero.
Rechazo opositor y foco en el ambiente periglacial
En contraposición, el bloque de Unión por la Patria y organizaciones ambientalistas expresan un rechazo al proyecto. Desde ese espacio advierten que la nueva redacción dejaría sin cobertura al ambiente periglacial, considerado clave para la regulación de las cuencas hídricas.
La oposición sostiene que estos territorios cumplen un rol central en el abastecimiento de agua para consumo humano y riego, y que su exclusión del esquema de protección implica un cambio de fondo en la normativa vigente.
En ese marco, cuestionan que la reforma habilite el avance de la megaminería sobre reservas de agua dulce, lo que interpretan como un retroceso en los estándares ambientales establecidos por la ley actual.
El debate también expone tensiones internas en el Congreso, en especial entre legisladores de provincias cordilleranas, donde el potencial extractivo convive con la dependencia de los recursos hídricos.
Provincias, inversiones y búsqueda de consensos
Para esos representantes, la discusión se plantea como una encrucijada entre acompañar la flexibilización normativa para atraer empleo y regalías, o sostener las restricciones con el objetivo de preservar la sustentabilidad ambiental.
En ese contexto, fuentes legislativas indican que sectores moderados trabajan para evitar una derogación encubierta de la ley. La intención sería avanzar hacia un texto que incorpore “certezas técnicas”, según señalan desde ámbitos parlamentarios.
Ese enfoque incluiría auditorías y mecanismos de control que permitan compatibilizar la actividad minera con la protección del entorno, sin bloquear de manera total el desarrollo del sector extractivo.
Mientras tanto, el oficialismo y la oposición se preparan para un debate que promete ser uno de los más intensos del período extraordinario, con impacto directo en la política ambiental y productiva del país.
Un debate abierto en el Congreso
La discusión sobre la Ley de Glaciares vuelve a poner en el centro la relación entre desarrollo económico y resguardo de los recursos naturales, en un Congreso atravesado por posiciones encontradas y negociaciones en curso.
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