El alto número de participantes anotados para exponer en Diputados abre un conflicto político por el formato de la audiencia pública sobre la reforma de la Ley de Glaciares impulsada por el Gobierno nacional
La convocatoria a la audiencia pública por la reforma de la Ley de Glaciares en la Cámara de Diputados registró casi 18.000 inscriptos, una cifra que encendió la discusión política sobre el formato del debate previsto para el 25 y 26 de marzo. Legisladores de la oposición reclamaron extender las jornadas para garantizar la participación de los interesados.
El pedido fue formalizado mediante una nota dirigida al presidente de la Cámara baja, Martín Menem, y a los titulares de las comisiones involucradas. El documento lleva las firmas de los diputados Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), Sabrina Selva (Unión por la Patria) y María Inés Zigarán (Provincias Unidas).
Los legisladores plantean que el esquema previsto —dos jornadas de nueve horas con exposiciones de cinco minutos— permitiría la participación de alrededor de 216 expositores, una cifra muy inferior al total de inscriptos.
La convocatoria masiva refleja el nivel de participación ciudadana frente a la modificación de la Ley 26.639, impulsada por el Ejecutivo que encabeza Javier Milei.
Reclamo para ampliar la audiencia pública en Diputados
Desde la oposición sostienen que el formato actual podría convertir la audiencia pública en un espacio limitado para el debate. Por ese motivo, solicitaron extender las jornadas para permitir que más personas puedan exponer.
El proyecto de reforma de la Ley de Glaciares ya cuenta con media sanción del Senado, donde fue aprobado con 40 votos a favor, 31 en contra y una abstención.
La iniciativa introduce una diferenciación entre “formas periglaciares” que cumplirían funciones hídricas estratégicas y otras que, según el planteo oficial, no tendrían ese rol.
Ese criterio habilitaría el desarrollo de actividades extractivas e industriales en zonas que actualmente cuentan con protección ambiental dentro del régimen vigente.
Debate ambiental y participación ciudadana
La discusión legislativa generó cuestionamientos de organizaciones ambientalistas, especialistas y sectores académicos, que advierten sobre los impactos de modificar el alcance de la normativa.
En ese contexto, los diputados que impulsaron la nota remarcaron la importancia de garantizar la participación de quienes se inscribieron para exponer durante la audiencia pública.
Los legisladores sostienen que restringir la intervención de miles de participantes limitaría la deliberación democrática y podría abrir futuros conflictos judiciales.
El antecedente del debate por la ley de aborto
Como antecedente parlamentario, los diputados recordaron el debate legislativo de 2018 por la ley de interrupción voluntaria del embarazo, que incluyó 15 audiencias públicas, más de 100 horas de debate y 738 expositores.
La situación actual obligó a revisar el esquema de discusión previsto inicialmente para la reforma de la Ley de Glaciares en la Cámara de Diputados.
El alto número de inscriptos plantea ahora un escenario en el que el Congreso deberá definir si amplía el debate o mantiene el formato original para el tratamiento de una iniciativa que genera fuerte participación pública.
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