La jueza de Familia de Bariloche dispuso medidas de protección luego de que sus padres denunciaran descalificaciones, exposición pública y maltrato verbal. El adolescente podrá decidir si quiere volver a practicar deporte y en qué condiciones.
Un adolescente de Bariloche dejó de practicar un deporte que realizaba desde hacía varios años luego de atravesar situaciones que lo afectaron emocionalmente. Sus padres recurrieron al Poder Judicial y solicitaron medidas de protección contra su entrenador, a quien señalaron por episodios de descalificación, exposición pública y maltrato verbal.
La presentación fue realizada ante el fuero de Familia de Bariloche mediante una medida autosatisfactiva de protección de derechos. Los progenitores señalaron que durante un torneo el entrenador había difundido en un grupo de WhatsApp un audio y una fotografía del adolescente, identificándolo y realizando expresiones vinculadas con su desempeño deportivo.
También describieron episodios previos de gritos, burlas y descalificaciones que, según plantearon, habían afectado la confianza del joven y provocado que dejara de participar de una actividad que había practicado durante años.
La jueza entendió que la situación no debía ser abordada como una diferencia más entre una familia y un entrenador. Consideró que existía una desigualdad de poder y que el caso debía analizarse desde una perspectiva de protección de derechos.
La opinión del adolescente fue central para la decisión
La magistrada escuchó personalmente al adolescente y destacó en la sentencia que esa instancia no constituía una formalidad, sino una herramienta para conocer su opinión y valorar su postura de acuerdo con su edad y grado de madurez. El joven expresó que el deporte continuaba siendo importante para él y que su alejamiento no respondía a una falta de interés, sino a las circunstancias que atravesaba.
A partir de esa evaluación, la jueza sostuvo que no correspondía ordenar su regreso obligatorio a la actividad. Consideró que esa decisión debía pertenecerle al propio adolescente. La medida judicial apuntó a garantizar que, si decidía continuar practicando deporte, pudiera hacerlo en un ambiente seguro y libre de violencia.
“Exigir no es humillar. Corregir no es descalificar. Entrenar no habilita a violentar”, sostiene la sentencia. La resolución remarcó que quienes cumplen funciones de enseñanza, entrenamiento o dirección tienen una responsabilidad especial frente a niños y adolescentes, debido a la relación de confianza y a la asimetría existente.
La jueza también consideró la utilización de herramientas digitales, ya que parte de los hechos denunciados se produjo mediante esas vías y la exposición del adolescente alcanzó a un grupo amplio de personas.
Qué medidas dispuso la Justicia
Entre los elementos incorporados al expediente fueron valorados la documentación presentada por la familia, fotografías, comunicaciones mantenidas por WhatsApp, actuaciones realizadas ante el municipio y las respuestas brindadas por esa institución.
La resolución también tuvo en cuenta que desde el ámbito municipal se había informado que el entrenador había sido requerido para abstenerse de dirigir mientras se analizaba la situación. La magistrada aclaró que no correspondía resolver en esa instancia cuestiones laborales, contractuales o disciplinarias del adulto involucrado.
El fallo hizo lugar parcialmente al pedido de protección y ordenó que el entrenador no pueda acercarse a menos de 100 metros del adolescente durante entrenamientos, competencias y otras actividades deportivas en las que participe. Además, prohibió publicar, reproducir o difundir fotografías, videos, audios, datos personales o cualquier contenido referido al joven mediante redes sociales, grupos digitales o servicios de mensajería sin las autorizaciones correspondientes.
También dispuso comunicar la medida a la organización deportiva y al municipio para que adopten las medidas necesarias si el adolescente decide volver a la actividad. A su vez, solicitó acciones de acompañamiento para el grupo de jóvenes que integran el espacio deportivo, con el objetivo de prevenir nuevas situaciones de maltrato o la naturalización de esas prácticas.
La jueza dejó establecido que será el propio adolescente quien decida si quiere volver a practicar deporte, dónde y cómo hacerlo. Esa decisión, remarcó, debe poder tomarse sin violencia, presiones ni condicionamientos.
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